El esquema de “importación” de productos sin registros sanitarios usa a la Corte Suprema de Justicia para burlar la Ley, y esto es rechazado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), según afirmó Oscar Orue, responsable de dicha dependencia en declaraciones a medios radiales. Son las mismas empresas que siguen operando bajo la protección de una administración de justicia corrupta. Existen denuncias de gremios de industriales, empresariales, importadores y hasta de empresas multinacionales, pero operando con total impunidad.
Orue fue categórico en sus expresiones. Está en contra de quienes meten mercaderías burlando las normas legales, y usan órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que es una competencia desleal y perjudica a muchos.
El esquema viene operando desde hace años con las mismas empresas. No cumplen con la Ley y pagan en impuestos lo que se les antoja. Por eso realizan una competencia desleal, y muchas de las firmas son satélites de grupos empresariales poderosos que operan en el país.
Así opera el esquema desde hace años en Paraguay. Usa a empresas, especialmente de Panamá, para venderles los productos a L.A. Business S.A., que sería una firma de maletín, aunque supuestamente está en el edificio Salah I de Ciudad del Este.
Esta firma después vende esos productos sin registros sanitarios a empresas como Borgaro S.A., Global Stuff S.A. y Martinar S.A. A su vez estas empresas venden los productos a establecimientos comerciales que venden al consumidor, quienes no saben qué es lo que están comprando porque no existe control alguno.
L.A. Business S.A. obtuvo una medida cautelar para despachar alimentos y bebidas sin control sanitario en COMERCIOS MAYORISTAS, lo que genera preocupación sobre la seguridad y calidad de los productos. La empresa L.A. Business S.A. sería de maletín porque ni el propio Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN) pudo constatar su dirección física declarada.
La empresa Global Stuff S.A. tendría como dueños a Alfredo Daniel Galeno y Petrus Jacobus Brits.
La propia Unión Industrial del Paraguay (UIP) se quejó de los privilegios que tiene la importadora L.A. Business S.A. Mete bebidas y alimentos sin registro sanitario desde hace años con autorización de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los ministros que firmó la autorización es el ministro Víctor Ríos.
Paraguay Refresco S.A. (COCA COLA) y UIP tuvieron que presentar una denuncia para que el Ministerio Público realice un procedimiento y decomise los productos metidos por L.A. Business S.A.
Como dueños de la citada importadora aparecen el ecuatoriano Luis Fernando Alvarez Jaramillo y la brasileña Sandra de Oliveira.
Pero quiénes son.
Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Este es un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, que está siendo investigado en el expediente del operativo A Ultranza Paraguay, por operaciones sospechosas ligadas a varios implicados en el esquema de tráfico de cocaína a gran escala.
El empresario fue mencionado por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) por inconsistencias en operaciones con sumas millonarias en el país y en el exterior.
Sobre Sandra nadie sabe nada. No registra. No hay datos. Nadie la conoce.
Supuestamente, la empresa tiene su local en la siguiente dirección:
Avenida Adrián Jara y Boquerón, Edificio Salah 1, Piso 7o, Oficina 76, Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay.
Pero allí nos dijeron que nada saben sobre la importadora.
Comerciantes y despachantes dijeron que ya no son ellos, el ecuatoriano y la brasileña, quienes manejan el negocio y sí alguna vez lo manejaron.
Pero ¿quiénes entonces manejan esta importadora? Es la pregunta que nadie responde.
