Un procedimiento policial que debía concluir con la puesta a disposición de la Justicia terminó desatando una investigación por presunta corrupción. Nueve agentes de la comisaría 22ª de Ciudad del Este fueron sindicados como responsables de haber liberado a un hombre con orden de captura, luego de exigirle el pago de G. 10 millones.
El detenido fue identificado como Cristhian Javier Rudas (32), quien contaba con una orden judicial pendiente por un caso de apropiación. La intervención se produjo en una zona recreativa del barrio Don Bosco, pero nunca fue registrada oficialmente en los libros de guardia ni comunicada a la fiscalía de turno.
De acuerdo con la denuncia, tras la aprehensión, los policías habrían informado al detenido que, debido a la feria judicial, permanecería recluido por varias semanas. Acto seguido, le ofrecieron la “solución” alternativa del pago de una suma de dinero para evitar el traslado a una dependencia judicial.
Los agentes involucrados fueron identificados como la suboficial mayor Myriam Sosa y los suboficiales Herminio Acosta, Luis Mendoza, Fernando Caballero, Narciso Meza, Julio Palma, Kevin González, Daniel Adorno y Ezequiel Díaz.
Ante la presión, Rudas habría empeñado su automóvil, un Toyota Runx, para reunir el dinero exigido, tras lo cual fue liberado sin documentación alguna que respalde el procedimiento. Esta situación encendió las alarmas en la cúpula policial.
El director de Policía del Alto Paraná dispuso la apertura inmediata de una investigación interna a través de Asuntos Internos, mientras que el Ministerio Público inició actuaciones de oficio para determinar la existencia de hechos punibles y establecer responsabilidades individuales.
Desde la Policía Nacional indicaron que no se tolerarán actos que comprometan la imagen institucional y que, de comprobarse los hechos denunciados, los agentes implicados enfrentarán sanciones administrativas y penales.
