En 2016 la fiscal de medio ambiente, Zunilda Ocampos, imputo y ordeno la detención del dueño de la Funeraria San José, en Minga Guazú, por delito ambiental. Se trata de Miguel Angel Mastrazzi, actual director de la Policía Municipal de Tránsito. El mismo fue liberado y hasta ahora no se sabe que paso con el proceso atendiendo a que todos los delitos ambientales denunciados por mingueros fueron comprobados. Este personaje sigue en dicho negocio y fue reciclado por el intendente Miguel Prieto Vallejos.
La imputación de Miguel Angel Mastrazzi, se dio luego de que la propia fiscal, Zunilda Ocampos, confirmará que la Funeraria San José, estaba funcionando al margen de las normas ambientales y otras disposiciones legales.
Inclusive la funeraria ya fue clausurada por la comuna debido a las múltiples ilegalidades, que los vecinos venían denunciando sistemáticamente.
Miguel Angel Mastrazzi
Mastrazzi fue imputado y preso, pero después liberado con medida alternativa a la prisión. La gran pregunta es que paso con dicho proceso, donde se confirmó los delitos denunciados.
Sobre el caso esto es lo se publicó en 2016.
La Fiscalía de Medio Ambiente, a cargo de Zunilda Ocampos Marín, presentó imputación contra el propietario de la funeraria San José del km 16 del distrito de Minga Guazú, por infracción de la Ley 716/96 (eludir medidas de mitigación de impacto ambiental). El procesado es Miguel Ángel Mastrazzi (50), quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Vecinos denunciaron que, en el lugar, donde también funciona un velatorio, se estaría cometiendo delitos atentatorios contra el medio ambiente, la salud y la integridad física de las personas.
Coche fúnebre de Mastrazzi
Señalaron que el servicio de sepelios que cumple el local origina ruidos molestos (llantos y gritos). Igualmente, la funeraria estaría expidiendo olores desagradables de animales muertos y agroquímicos, resaltaron.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó el local, orden judicial mediante, y comprobó varias irregularidades, como ser la falta de licencia ambiental, proyecto ambiental básico y la resolución de evaluación de impacto ambiental.
En el momento de la intervención, la funeraria estaba clausurada por disposición de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Minga Guazú.
La fiscal Zunilda Ocampos pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el imputado, y de igual modo solicitó cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo
