Todo indica que hay los 41 votos para destituir a Miguel Prieto Vallejos del cargo de intendente de Ciudad del Este. Pero esto no es el fin del Clan Prieto en la comuna, atendiendo a que asumirá en forma interina su pareja, la concejal rastrera Valeria Romero. Aunque no se descarta que sea la liberal María Portillo la que asuma el cargo. Así se mantendrá todo el esquema de robo. Esto permitirá que Prieto siga manejando la institución municipal. Pero sus aliados le exigen que renuncie para evitar una elección y asegurar la intendencia.
Este martes 18, a las 10:00, la Cámara de Diputados tendrá una sesión extraordinaria con el propósito de destituir a Miguel Prieto Vallejos del cargo de intendente de Ciudad del Este, hoy suspendido y acorralado tras una intervención que sacó a la luz varias irregularidades y hechos de corrupción en su administración.
La Comisión Especial creada para analizar la intervención de la Municipalidad cerró su trabajo con dos dictámenes. El de mayoría, contundente y sin titubeos, lleva la firma de cinco diputados colorados que proponen la destitución inmediata de Prieto, a quien acusan de haber encabezado una administración plagada de irregularidades, manejos turbios y desvíos millonarios.
En la otra vereda, como un solitario defensor, el diputado Walter García (Yo Creo) firmó el dictamen de minoría, oponiéndose a la destitución. El citado legislador es señalado como uno de los responsables de los hechos de robos en el sector de salud pública.
HALLAZGOS DE LA INTERVENCIÓN
El informe final de la intervención, basado en denuncias de la Contraloría General de la República, no tiene desperdicio, y su contenido deja malparado a quienes solían defender la gestión de Prieto, con cientos de millones sin respaldos ni trazabilidad contable.
Uno de los puntos es el uso de G. 200 millones por mes solo para «gastos menores», como bocaditos, refrigerios y otros pagos sin facturas. A esto se suman los más de 62.700 litros consumidos mensualmente por vehículos de los que ni siquiera se sabe si existen.
El plan “Navidad Sustentable” del 2023 manejó recursos millonarios sin documentos, sin licitaciones y sin entrega efectiva de productos. Por otra parte, las transferencias de más de G. 10.000 millones al Consejo Local de Salud sin respaldo ni informes. Este consejo en esa época era manejado por el ahora diputado Walter García.
Licitaciones amañadas, pagos realizados antes de las adjudicaciones, consultorías direccionadas a allegados y “pantallas” legales para sacar plata de las arcas públicas es lo que clarifica el informe final del interventor Ramón Ramírez y sentenciaría la destitución Miguel Prieto.
