Otra mineradora fue desmantelada en la zona de Hernandarias. Ya en base a la nueva ley los dueños del inmueble debidamente ya identificados, deben ser condenados a 10 años de cárcel. Existe flagrancia por lo que el proceso penal debe ser rápido. Esto en base a lo que dice las normas legales. Pero en la practica existe una sugestiva inoperancia de los fiscales para sancionar a quienes siguen robando energía y operando las mineradoras clandestinas de monedas virtuales.
El martes 20 de agosto del presente año, tras una verificación y control realizados en la zona denominada Samu’u de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, funcionarios técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) constataron el manipuleo en el borne del medidor instalado que corresponde al suministro identificado con el NIS 3190098, registrado a nombre de Sandra Elizabeth Franco Olazar, quien desarrolla la actividad de criptominería. En esta verificación se constató el hecho ilícito de sustracción de energía eléctrica.
Ante la irregularidad detectada, se formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal N° 8 de Ciudad del Este por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, en el marco de la Ley N° 7300/2024 del Paraguay, «Que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a hechos punibles y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”. El operativo estuvo a cargo del Agente Fiscal, Abog. Julio Paredes, quien, con orden del Juez Penal de Garantías Dr. Nelson Ojeda de Hernandarias, procedió al allanamiento del inmueble en cuestión.
Durante la verificación, se constató una carga instantánea de 2.151 kW, mientras que el medidor de facturación registraba solo 749,5 kW. Esto resultó en una diferencia no registrada de 1.401,5 kW, equivalente al 65 % (sesenta y cinco por ciento) de energía no contabilizada por el medidor. Esta irregularidad representa un daño patrimonial estimado en G. 461.039.000 mensuales, monto que deberá ser abonado por los responsables del delito, además de los costos derivados de la intervención, y las multas contempladas en la Ley N° 966/64.
Este operativo permitió la incautación de 693 procesadores de datos en funcionamiento y un transformador con potencia nominal aproximada de 4.000 kVA (sin placa ni número), ubicados en el local. Estos equipos serán trasladados al depósito del Ministerio Público ubicado en Ciudad del Este por disposición fiscal.
El operativo fue posible gracias al sistema SCADA de Distribución, que facilitó el análisis de carga en el alimentador que abastece la zona y proporcionó un histórico del comportamiento del suministro, ya intervenido en ocasiones anteriores, y bajo monitoreo permanente por un equipo especializado de la ANDE.
Se destaca la importante labor de los funcionarios de la ANDE, quienes realizan un monitoreo constante para combatir este tipo de irregularidades. Además, se resalta el trabajo en equipo y la cooperación interinstitucional con el Ministerio Público y la Policía Nacional para llevar a cabo estas intervenciones.
La ANDE ratifica su firmeza para combatir este tipo de ilícitos que perjudican enormemente la calidad del servicio eléctrico en la zona y afectan considerablemente las finanzas de la Institución.
Es importante recordar a la ciudadanía que conforme a la Ley N° 7300/24, “El ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTA TIPIFICADO COMO CRIMEN”, con penas de hasta 10 años de cárcel
