Mediante un trabajo de los técnicos de la ANDE se detecto otra granja de criptomonedas. Esta vez fue en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú. El establecimiento clandestino estaba saboteando todo el sistema eléctrico, robando la electricidad a la empresa estatal. Había 388 maquinas procesadoras de monedas virtual. Pero el Ministerio Público siguen mirando pajaritos, sin imputar, y ahora dejando en manos de los propios denunciados el cuidado de las evidencias. Es una joda.
Mientras la ANDE hace su parte del trabajo para combatir el robo de energía, la fiscalía sigue con si desidia irritante ya ante tantos casos como este y cero imputaciones, y ahora hasta dejan al cuidado de los acusados las evidencias.
Sobre el nuevo procedimiento esto es lo que informó la compañía estatal.
En un operativo en conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad, el Ministerio Público, el Departamento de Investigación y con el apoyo de la Policía Nacional, llevada a cabo el, martes 23 de abril, se logró la intervención de una propiedad registrada a nombre de EMERSON BATISTA, por la conexión directa en Media Tensión de un transformador de 2.500 kVA. Esta instalación abastecía de energía eléctrica a 388 procesadores de criptoactivos al momento del operativo.
Estos equipos de gran envergadura se encontraban dentro de un establecimiento ubicado en la ciudad de Katueté, Departamento de Canindeyú, específicamente en la Colonia Villa Alta, sobre la ruta Py 07, a 3 km antes del cruce Carolina.
La institución realizó la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción de energía eléctrica (Artículo 173), perturbación de servicios públicos (Artículo 218) y sabotaje (Artículo 274) del Código Penal, y el Fiscal a cargo, el abogado Carlos Cabrera de la Unidad Penal N°1 de Saltos del Guairá, con orden de allanamiento, ordenó el traslado de 201 equipos procesadores de criptoactivos junto al transformador de gran porte a la Agencia Regional de Saltos del Guairá, mientras que 187 procesadores fueron precintados y dejados dentro del contenedor y designó un depositario fiscal al dueño del inmueble.
Según el análisis realizado por la institución, el daño patrimonial mensual se estima en aproximadamente G.692.000.000, que además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa deberán ser abonados por los responsables.
La ANDE reitera su compromiso en la lucha frontal contra las conexiones irregulares y el uso indebido de la energía eléctrica, que provocan importantes daños económicos y afectan el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y el cumplimiento de la normativa vigente.
