Las denuncias de corrupción y monopolio sin documentos que realiza el político-cartista, Ever Rojas Borja, y que salpican a funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) del Brasil pueden perjudicar las exportaciones de grano del Paraguay, advierten exportadores. La denuncia fue enviada al MAPA en Brasilia, situación confirmada por AHORA CDE, y no cayó bien, atendiendo a que no hay prueba. Se pidió evidencias, pero nada fue presentado. El mencionado político cartista es dueño del puerto seco Campestre S.A., que fue armado para monopolizar el ingreso de contrabando al país, pero se quejó sin privilegios y ahora realiza denuncias buscando recuperar la “clientela”.
Rojas Borja mandó publicar sus denuncias, pero no presentó evidencias o pruebas de sus graves denuncias. Pero la verdad es que el objetivo de las denuncias es recuperar su clientela. O sea, quiere que parte de las cargas de exportación, especialmente de granos, sean despachadas en su puerto seco, para que pueda cobrar, o sea, ganar dinero en lenguaje directo.
Pero llamativamente, el dueño de Campestre S.A. se lanzó contra Almacenes Generales S.A. (ALGESA), que tiene un puerto seco; y los funcionarios del MAPA, y no dice nada contra la Gerencia de Aduanas, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Esto se debería a que Ever Rojas Borja tiene antecedentes por contrabando de agroquímicos, y fue sancionado por la antigua Dirección Nacional de Aduanas.
Pero el problema principal de estas denuncias sin documentos es que ya llegó al MAPA en Brasilia. AHORA CDE se comunicó con ellos vía correo electrónico y confirmaron que están en conocimiento y que tendrían una respuesta una vez que vean todos los detalles al respecto.
Ever Rojas Borja
No hay una sola evidencia, dijeron fuentes consultadas del MAPA en Foz, y esto es grave, aseguraron, y podría tener consecuencias como ser el hecho de que los funcionarios del MAPA se nieguen a irse al Paraguay a realizar su trabajo. Esto va a perjudicar las exportaciones de grano. Nadie quiere ser ensuciado de esta manera sin pruebas, indicaron.
Todo indica que el político cartista ya sabe lo que generó su denuncia sin evidencia, y más aún, le mostraron todos sus antecedentes.
Para recordar sobre las denuncias del político-cartista dueño de Campestre S.A., había indicado sobre un supuesto esquema de corrupción que involucra al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) del Brasil y la empresa Almacenes Generales S.A. (Algesa), ubicada en el Km 12 Acaray de Ciudad del Este. Según fuentes del sector, un acuerdo entre ambas partes estaría monopolizando la fiscalización de los granos que ingresan al Brasil, en perjuicio de otro puerto privado y del tránsito seguro en la ruta PY 02.
De acuerdo con el acuerdo bilateral vigente, los fiscalizadores del MAPA deben acudir tanto a Algesa como a Campestre (Km 10) para realizar los análisis de laboratorio de los granos destinados al mercado brasileño. Esta distribución busca agilizar el despacho de camiones, evitar la concentración en un solo punto y garantizar un flujo ordenado entre Paraguay y Brasil. Sin embargo, desde inicios de este año, los inspectores brasileños solo estarían operando en las oficinas de Algesa, en aparente incumplimiento del convenio.
La situación derivó en un colapso logístico que afecta a cientos de camiones graneleros. Filas interminables se extienden a lo largo de la ruta PY 02, en ambos sentidos, con camioneros que llegan a permanecer tres a cinco días varados bajo el sol y la lluvia, aguardando el turno para pasar por la fiscalización brasileña.
De acuerdo a la nómina de accionistas actualizada en el 2014 y publicada por la propia Algesa, tiene una composición accionaria diversa, pero dominada por actores de peso en el sector agrícola. Los principales accionistas son la Capeco (Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas) con el 28,26%; Marcos Altenburguer con 22,58%; Grupo Alba S.A. con 18,16%; José Omella 9,72% y César Jure 9,32%, además de otros con participaciones menores al 5%.
El directorio está integrado por empresarios vinculados al comercio de granos y la exportación. En la estructura ejecutiva figuran Carlos Rendano como gerente de operaciones y Silvio Díaz como gerente administrativo, según registros del Ministerio de Industria y Comercio.
El trasfondo, aparentemente, es un presunto pacto comercial y funcional que habría transformado a Algesa en el único punto de control habilitado de facto, concentrando poder, recursos y el flujo de toda la exportación de granos al Brasil. Mientras tanto, los acuerdos bilaterales siguen siendo letra muerta, los camioneros pierden días enteros de trabajo y la ruta PY 02 se convierte en un campo minado de riesgos.
