El fiscal de Medio Ambiente de Ciudad del Este, Adolfo Santander, tiene la prueba contundente para imputar al intendente de CDE, Miguel Prieto y a los directivos de Agrofértil por crimen ambiental. Las penas son duras, y en el caso del jefe comunal debe ser destituido e inhabilitado. La resolución 2198/2022, firma por Prieto lo condena. No hay argumentos legales para evitar el procesamiento y la destitución.
Con la aparición de la resolución 2198/2022, por la cual el intendente Prieto, ordena la tala de árboles de una vegetación, en forma ilegal, no existe argumentos jurídicos que puedan evitar la imputación de Prieto y los directivos de Agrofértil por crimen ambiental.
La pena es de hasta 8 años de cárcel y multa de 2.000 jornales mínimo diario.
En el caso Prieto, el mismo debe ser destituido e inhabilitado para ocupar cargos.
Pero hay que recordar que además de Prieto deben ser procesados varios otros funcionarios de la comuna quienes se prestaron a las maniobras del jefe comunal para poder concretar el crimen ambiental.
Se espera que esta semana el fiscal, Adolfo Santander, impute al jefe comunal y a los directivos de Agrofértil.
Atendiendo a la resolución firma por el jefe comunal el mismo autorizó la tala de árboles de la vegetación que está ubicado en el área verde situado entre la avenida San Blas y la Ruta 02 Py, para que allí se construya un estacionamiento.
Pero eso no es todo. Prieto estaba usando personal y maquinaria de la comuna para realizar la tala de árboles cuando su propia resolución dice que debía hacer la firma Agrofertil, propiedad de José Marcos Sarabia.
EN MINGA GUAZU
YA IMPUTARON
Una publicación en la página digital de radio Concierto, se señala que la fiscal Zunilda Ocampos Marín imputó por infracción de la Ley 716/96 (perjuicio a reservas naturales) a Víctor Ramón Villasanti, quien en su momento se desempeñaba como director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Minga Guazú por autorizar a derribar árboles, en espacio público y apertura de camino vecinal en una propiedad ajena. Miguel Prieto, quien autorizó un crimen ambiental sobre la Ruta Py 02, a favor de una empresa Agrofertil correría la misma suerte, puesto que la ley rige de manera igualitaria para todos.
Según la investigación, el hecho en Minga Guazú habría ocurrido el 1 de octubre de 2020 en un inmueble, individualizado como finca k09/2596, ubicado en los límites de los municipios de Yguazú y Minga, a unos 7 mil metros la Ruta PY02. La denuncia fue radicada por la abogada Juliana Ortellado de Takada, en representación de la firma Primordial S.A., que resultó afectada.
Conforme con los datos, Villasanti supuestamente concedió autorización para el derribo de árboles en espacio público y apertura de camino vecinal dentro de la propiedad ajena. El escrito fiscal refiere, que el propio Villasanti y miembros de una comisión vecinal se constituyeron hasta el inmueble en cuestión y supuestamente derribaron árboles de especies nativas, que formaban parte de la reserva forestal de la firma en cuestión, para la apertura de una calle.
Para el efecto, utilizaron presumiblemente una retroexcavadora, que estaba al mando de José Luis Fernández, quien fue contratado por la Intendencia de Minga Guazú, según refirió. Incluso, el mismo exhibió la autorización de la Comuna para ejecutar el trabajo.
Posteriormente, una comitiva fiscal-policial, con acompañamiento de técnicos ambientales de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales y del Instituto Forestal Nacional (INFONA), intervinieron en el lugar y constataron el ilícito presuntamente cometido.
