La Dirección de Auditoria Forense de la Contraloría General de la República, presentó cuatro reportes de hechos punibles, con al menos 20 casos de corrupción en la administración municipal de Miguel Prieto Vallejos en Ciudad del Este. Varios concejales son involucrados en los esquemas de irregularidades que se monto en la municipalidad esteña. El Ministerio Público debe imputar al jefe comunales, sus concejales serviles y varios funcionarios.
Las auditorias fueron realizadas entre 2021 y 2023, y ahora la Dirección de Auditoria Forense, luego de haber analizado todos los informes finales sobre los controles remitió al Ministerio Público cuatro reportes de hechos punibles.
En los mismos se mencionan al menos 20 casos de negociados, desvío de fondos, y otros hechos de robo en la comuna esteña. En todas esta metido el intendente Prieto, quien ya esta imputado junto a su concejal rastrero, Sebastián Martínez.
Hugo Benítez
Pero en base a estas denuncias presentada por la Contraloría deberían ser imputados los concejales Pedro Acuña, cuñado y recaudador del intendente Prieto; Oscar “Café” González, presidente de la Junta Municipal, y amigo personal de Prieto; Vidal Vázquez, ex candidato a concejal, funcionario municipal, amigo personal de Prieto; Hugo Benítez, ex intendente, actual “secre” privado, socio comercial y recaudador de Prieto; Daniel Mujica, ex candidato a gobernador, funcionario municipal, considerado el cerebro de los esquemas de corrupción; Walter García, actual diputado; ex funcionario municipal, ex presidente del Consejo Local de Salud, y amigo de Prieto; y Rubén Velázquez, es funcionario municipal, actual senador, y operador político de Prieto. En estos dos últimos casos se debe pedir primero sus desafueros.
A los mencionados se suman el propio Prieto, y el concejal Seba Martínez, quien era del Partido Patria Querida. Los dos ya están imputados por el caso de la simulación de compra a la despensa “Tía Chela” por 500 mil dólares.
CHICANERIA PARA ELUDIR LA JUSTICIA
Prieto con chicanería quiere evitar la audiencia donde podrían ordenar su arresto domiciliario, y con esto perderá el cargo de intendente.
Primero Prieto pidió postergar la audiencia, pero consiguió solo por una semana. Antes esta situación decidió rechazar a todos los fiscales que le imputados y a la fiscal adjunta, Soledad Machuca. Todo esto tiene como objetivo dilatar el proceso y evitar que se orden su arresto domiciliario como pidio el Ministerio Público.
