Los contribuyentes de Ciudad del Este, están pagando por el alquiler de los camiones y maquinas retenidas por un crimen ambiental. Dos vehículos tumbas y una palacargadora que son alquiladas a un hurrero político, están retenidos en la sede de la Policía Nacional. Pero el costo del alquiler sigue corriendo, quien lo paga es la ciudadanía. Pero los principales responsables del crimen, el intendente Miguel Prieto y el dueño de Agrofértil, José Marcos Sarabia, siguen sin ser imputados. Siguen impunes.
El fiscal, Adolfo Santacruz, quien sigue dilatando, sugestivamente, la imputación del intendente Prieto y de los directivos de Agrofértil encabezados por José Marcos Sarabia, ordeno la retención de vehículos y maquinarias usadas para la tala masiva de árboles de una vegetación.
Dos camiones tumban y una pala cargadora que estaba siendo utilizados para el crimen ambiental, son alquilados de la firma ServMaq, que propiedad del conocido hurrero del intendente Prieto, Fredy Guzmán Báez. El jefe comunal ya le adjudicó obras u el alquiler de máquinas varias veces por sumas millonarias.
Contribuyentes siguen pagando por maquinas y vehículos, alquilados y retenidos por crimen ambiental.
Lo que nadie dijo es que el costo del alquiler de los camiones y la palacargadora, sigue corriendo. O sea, el propietario de las mismas, el hurrero político Fredy Guzmán, sigue cobrando por el alquiler de las mismas, pese a que están retenidos en la sede de la dirección de la Policía Nacional.
El intendente Prieto, por resolución autorizó al dueño de Agrofértil a la tala masiva de árboles de una vegetación que está en el paseo central entre la Ruta 02 Py y la avenida San Blas. El crimen se estaba cometiendo cuando intervino el fiscal ante la denuncia ciudadana.
Pero Prieto hasta el momento no explicó que estaban haciendo allí las máquinas de la comuna y las alquiladas.
Para completar ahora la ciudadanía debe estar pagando por el alquiler de la máquinas y camiones que ni se están usando.
Esto empeora la situación legal del intendente Prieto, pero sugestivamente el fiscal, Santander sigue dilatando todo el caso sin tomar ninguna determinación pese a la contundencia de las evidencias que hay.
En el caso de la máquinas y vehículos el intendente Prieto debe ser procesado por delito de lesión de confianza, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel.
Por el crimen ambiental Prieto puede ser preso hasta 8 años y perder el cargo.
