El caso de la estancia Santa Mónica en Hernandarias, revela la existencia de un esquema de protección y arreglos con los dueños de las mineradoras que operan clandestinamente y roban energía a la ANDE. Cuando llegó la comitiva oficial ya estaba vacío el lugar. Pero 24 horas antes, vehículos de la compañía estatal entraban y salían allí. Hay muchas cosas que explicar y el principal responsable sigue siendo el asesor jurídico, Fredy González, quien trata de levantar una cortina de humo diciendo que va a pedir las llamadas que se hicieron en la zona. Hubo arreglos y los equipos fueron retirados.
La estructura que estaba allí y que se saco poco antes del procedimiento oficial para procesar “Bitcoin”, de acuerdo a los datos. Cuando se hizo el allanamiento ya no estaban los equipos de procesamiento. Ya se lo llevaron todo.
Solo quedo la infraestructura básica.
No hay duda de que hubo arreglo y por eso se sacaron los equipos antes del procedimiento. Y 24 horas antes, vehículos de la ANDE entraban y salían del lugar, como pudieron captar en fotos periodistas de AHORA CDE.
LA EVIDENCIA:
El asesor jurídico de la ANDE, Fredy González, sigue siendo el principal responsable y el principal sospechoso, dijeron de la estatal, según fuentes.
González, tras el fiasco, dijo que pedirá que se verifiquen las llamadas para saber qué pasó. Pero en realidad sería una cortina de humo solamente, para tapar la realidad, sobre el esquema de protección y arreglos.
Hay que recordar que cuando llegaron los técnicos, la estructura estaba prácticamente desierta. Ese fue uno de los resultados del curioso allanamiento reciente a un minero de Bitcoin en Paraguay. De alguna manera, los dueños de los procesadores ASIC sabían lo que iba a suceder y se llevaron los costosos equipos antes de la llegada de las autoridades.
El traspié se produjo en una propiedad de la localidad de Hernandarias, en la zona de Alto Paraná. Todo comenzó el pasado lunes 9 de julio, al mediodía, cuando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detectó una demanda irregular de energía en la estancia “Santa Mónica”, a la altura del km. 46 de la ruta 07 Py.
Fredy González
Los funcionarios del organismo radicaron la denuncia pocas horas después, a eso de las 15.50, ante el Ministerio Público. Al día siguiente, a las 14, se avanzó con la orden de allanamiento.
Las sospechas, finalmente, se confirmaron al llegar la nutrida comitiva de la ANDE y los funcionarios judiciales. Era una instalación para minar Bitcoin en el sitio. Pero solo había quedado la infraestructura básica en pie.
“Los técnicos han constatado la existencia de estructuras y transformadores de distribución utilizados para minería digital. Por el plazo de tiempo en el que salió la orden de allanamiento, entendemos que se llevaron las máquinas a otro lugar”, explicó ayer el gerente comercial del organismo, Hugo Rolón.
Solo basura quedo
La de este martes fue la intervención “número 25” en lo que va de 2024, precisó el ingeniero. Al igual que otras granjas similares, los equipos dependían de una conexión ilegal sin medidor.
La ANDE está desarticulando estas instalaciones no autorizadas, a cuyos dueños busca sancionar con penas de prisión. Claro está, cuando las detecta.
Se debe indicar que hay fuertes sospechas de complicidad y corrupción de funcionarios en las granjas ilegales.
En el caso de Hernandarias, se trataba de una red interna de media tensión, que tenía una carga promedio de 30 amperios en las tres fases, equivalente a una demanda instantánea de 1.186 KW.
Al interior del inmueble se constató que el complejo eléctrico estaba fuera de servicio. Allí “se observaron 2 contenedores con estructura metálica interna para alojamiento de los procesadores de criptoactivos totalmente vacíos”, admitió la ANDE.
En el suelo se encontraron apilados algunos procesadores, pero que estaban averiados. También había un transformador con datos de placa de 1.000 kVA, que aparentaba ser de 3.000 kVA por su estructura y peso. Los elementos fueron retirados como pruebas del ilícito.
En el operativo estuvieron presentes los abogados del propietario del inmueble, un ciudadano coreano, y el fiscal interviniente, Alcides Jiménez. Como puede verse en las fotos, hubo un pintoresco despliegue con decenas de policías y funcionarios.
Como es habitual en estos casos, el dueño del inmueble fue acusado por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje.
Con esta última intervención, las autoridades paraguayas radicaron la 19 denuncia penal por este tipo de infracciones. Se llevan incautados más de 9.410 procesadores de datos, 42 transformadores y conductores. Pese a estas diligencias, dirigentes políticos desconfían de la eficacia de la ANDE y de la Justicia.
Quedo solo la evidencia de robo de energia.
Hace días, el senador Enrique Salym Buzarquis denuncio que “los altos directivos de la ANDE” y “la complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.
Las sospechas tienen su razón de ser. De hecho, según admitió el propio Rolón hoy ante un medio de comunicación local. El castigo por el negocio no autorizado brilla por su ausencia.
Con información de Criptonoticias.
