El presidente Jair Bolsonaro quiere privatizar la Cataratas del Iguazú. La información fue divulgada por la agencia de noticias Reuters, y no cayo nada bien entre las autoridades y las agencias de turismo de Foz.
En enero, a pocos días de asumir como ministro de Medio Ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles visitó Paraná para participar de las celebraciones por los 80 años del Parque Nacional de Iguazú. En esa oportunidad, defendió las sociedades público-privadas en la gestión de este tipo de parques y dijo que este modelo debía ser extendido por todo Brasil.
A poco más de dos meses de esa visita, Salles ya comienza a ver materializado su deseo. El miércoles, a la salida de una audiencia en el Senado, el ministro dijo que el gobierno pretende comenzar a privatizar este año la administración de sus parques nacionales, incluidos algunos de sus sitios turísticos naturales más famosos.
Citado por Reuters, Salles aseguró que el programa para concretar la privatización va a comenzar “definitivamente este año”. “Veremos cuánto podemos hacer. Se está haciendo el esfuerzo de hacer lo máximo posible sin perturbar un proceso que se basa tanto en un modelo económico como en una sustentabilidad bien ejecutada”, comentó.
Este programa prevé la privatización de la gestión de territorios demarcados como “unidades de conservación”, que son generalmente administrados por el Instituto para la Biodiversidad Chico Mendes. La agencia tiene el nombre del defensor de la selva tropical amazónica que fue asesinado por su trabajo. A principios de año, Salles se refirió a Mendes como una figura “irrelevante”.
Salles incluyó a las Cataratas del Iguazú, una de las más grandes del mundo que se extienden a lo largo de la frontera con Argentina, como uno de los muchos parques nacionales famosos de todo el país que podrían ser administrados por el sector privado. El ministro también citó como objetivos potenciales para la administración privada a la isla Fernando de Noronha, un destino exclusivo para quienes practican buceo, así como a los parques nacionales Pau Brasil, Chapada dos Veadeiros e Itatiaia.
Ya a fines de febrero, en alusión a la inminente entrega del parque nacional Pau Brasil a manos privadas, Renato Cunha, coordinador del Grupo Ambientalista de Bahía, reconocía al sitio Brasil de Fato que las comunidades locales, organizaciones sociales y movimientos populares estaban preocupados con las concesiones y temían la pérdida de transparencia y control social de la reserva con su privatización.
Las mismas reservas sobre el proyecto del gobierno manifiesta André Lima, abogado brasileño especialista en temas ambientales y coordinador del programa de deforestación de Marina Silva en la época que fue ministra de Medio Ambiente de Lula. “Uno de los riesgos es que no se respeten las reglas básicas de los parques, que no haya estudios que califiquen la capacidad de soporte del parque para actividades y que la cosa crezca más de lo que se debe, que de aquí a poco se quiera levantar casinos dentro de un parque nacional”, comentó a La Tercera.
Y es que activistas y ambientalistas han manifestado su temor a que Bolsonaro y Salles quieran suprimir las restricciones a la construcción en zonas protegidas, favoreciendo el desarrollo económico a corto plazo a costa del medio ambiente.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro también criticó la aplicación de multas por infracciones relacionadas con el medio ambiente. Al respecto, Salles dijo que su ministerio está trabajando para crear un nuevo organismo que tendrá como objetivo autorizar, modificar o cancelar multas, así como llegar a acuerdos con quienes confiesen infracciones ambientales. Según el ministro, el actual sistema, aplicado por la agencia Ibama, no resulta en un cobro efectivo de todas las multas
