La ex titular de Petropar, Patricia Samudio (colorada abdista) y el ex gobernador de Central, Hugo Javier González (colorado-cartista), fueron condenados por robo la pandemia. Pero el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, sigue impune, pese a que de acuerdo a las evidencias es el que más robo durante la pandemia por el coronavirus. Mientras miles de paraguayos morían, estas personas estaban robando groseramente. Dos de ellos ya están condenados. BASTA de IMPUNIDAD. Prieto debe someterse a la Justicia en todos los casos de robo del dinero municipal, junto a sus secuaces.
Es bueno ver que la justicia esté condenando a quienes se aprovecharon del luto de miles de familias durante la pandemia para robar el dinero público, sin mirar el color. Y es bueno que se inicie por los colorados, quedando demostrado que la famosa y muy gastada argumentación de la persecución política ya no corre.
Pero la justicia le debe llegar a todos, y Miguel Prieto Vallejos, siguen evadiendo la justicia con chicanas. Las pruebas son contundentes en su contra en los casos de robo en pandemia. Es más, las cifras son muy superiores a las de los casos de Patricia Samudio (Petropar) y Hugo Javier (Gobernación de Central).
Prieto y sus secuaces, especialmente el considerado cerebro de todos los esquemas, Daniel Mujica, quien es el intendente de facto; y el concejal rastrero, Sebastián Martínez, deben ser sometidos a la justicia y responder por sus hechos, sin importar el color.
Basta de impunidad para estos corruptos.
Prieto y Seba Martínez ya tienen dos imputaciones por robo en pandemia. Deben ser llevados a juicio oral y público y que la justicia siga firme para castigar a quienes estuvieron negociando, mientras familias enterraban a sus seres queridos, víctimas del coronavirus.
Abajo citados los casos de condenados para no olvidar. BASTA de IMPUNIDAD.
CASO PATRICIA SAMUDIO
Un tribunal condenó a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años y 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.
El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio del Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país. «La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda». Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”.
El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. Al principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.
CASO HUGO JAVIER
El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue condenado a diez años de cárcel por el desvío de G. 5.105 millones, destinados a la gobernación para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19. El Tribunal de Sentencia integrado por Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez refirió que quedó probado en juicio oral que el acusado cometió los hechos punibles de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. “Para este Tribunal estamos ante un caso especialmente grave”, refirió la magistrada Cáceres. Se dispuso la prisión del n.º 2.
Se otorgaron fondos de emergencia sanitaria del covid-19 a todas las gobernaciones, de acuerdo a la sentencia. Entre noviembre de 2020 y julio de 2021, Miguel Ángel Roble Ibarra, director general del gabinete de la Gobernación de Central, ideó y lideró un esquema conformado por funcionarios y representantes de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y con constructores, para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado. Entonces, así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el desvío del dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas a que sigan el delineamiento de ese plan.
Hugo Javier, exgobernador, fue acusado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en calidad de autor.
Para el Tribunal quedó probado durante el juicio ─que duró seis meses─ la lesión de confianza. “Concluimos que, respecto a la conducta del acusado, se encuentran presentes todos los presupuestos de la tipicidad objetiva” y además reúne los presupuestos subjetivos. “Se afirma antijuridicidad y la reprochabilidad, siendo por lo tanto punible”, enfatizó la jueza.
“Para este Tribunal estamos ante un caso especialmente grave”, enfatizó la presidenta del Colegiado. También se declaró la punibilidad en el hecho de producción de documentos no auténticos (modalidad de uso).
“Del resultado de la conducta del acusado dan cuenta que se han realizado dos hechos punibles, lesión de confianza (haber causado perjuicio) y la producción de documentos no auténticos, por lo que la expectativa máxima quedó fijada en 15 años de cárcel.
