Para muchos, pasó desapercibido el hecho de que la diputada, Bettina Aguilera, colorada-cartista, estuvo presente en el juicio oral y público donde juzgaron y condenaron a los asesinos de su hermano, Carlos Aguilera. La legisladora es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y abiertamente fue a mostrarse, y exigir «justicia para Carlos Aguilera». Esto puede ser considerado como una suerte de presión hacia los magistrados, atendiendo a que ella es jueza de los jueces. O sea, ella puede presionar a los magistrados, por lo que la presencia de la misma haciendo mucho barullo es completamente antiética.
No hay duda de que cualquier ciudadano puede, y debe, exigir que se haga justicia, como corresponde, más aún cuando la víctima es un familiar. Pero la diputada Aguilera debe recordar que la misma tiene un cargo parlamentario, y peor aún es integrante del JEM, donde son juzgados los jueces y fiscales por sus actuaciones. La presencia de un integrante de dicho organismo constitucional puede ser considerada como una suerte de presión hacia los magistrados, que de esta forma se puede pensar que no actuaría con imparcialidad como corresponde.
Diputada Bettina Aguilera en el JEM
La diputada no fue a limitarse a observar y seguir de cerca el desarrollo del juicio. Fue a haber barullo, a mostrarse, a manifestarse. Es una falta total de ética de la misma. Es por eso que hay un descreimiento total hacia la administración de justicia, y ni que decir hacia ambas cámaras del Congreso Nacional y del propio JEM.
UNA CONDENA EJEMPLAR
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla representó al Ministerio Público en un juicio oral desarrollado este martes y que culminó con la condena a 18 años de prisión para Luis Carlos Acosta Fonseca (34), excandidato a intendente municipal del distrito de Itakyry. El hombre fue encontrado culpable por homicidio doloso y violación de Ley de Armas.
Su padre, Bernardo Joaquín Acosta Duarte (64), fue sentenciado a 7 años de cárcel también por su participación en el hecho, en una votación dividida de los miembros del Tribunal de Sentencia. Las magistradas Emilia Santos y Flavia Lorena Recalde votaron por la condena como coautor parcial de Acosta Duarte, mientras el juez Milcíades Ovelar por su absolución.
El hecho ocurrió el lunes 20 de setiembre del 2021, minutos después de las 22:00 horas, en el predio del mercado de abasto municipal del distrito de Itakyry, resultando víctima fatal el ingeniero Carlos Alberto Aguilera Paniagua (33).
LOS CONDENADOS
En aquella ocasión, Aguilera -candidato a concejal por la ANR- y algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura estaban recibiendo balanceados para pollitos de una empresa proveedora y que serían entregados posteriormente a familias de escasos recursos de la zona. Mientras trabajaban, decidieron poner música en el vehículo.
A solo 100 metros del lugar, en la casa de la familia Acosta, se llevaba a cabo una reunión política de simpatizantes de un movimiento contrario, donde Acosta Fonseca era el candidato a intendente. El ambiente se tornó tenso cuando el grupo político, que había estado consumiendo bebidas alcohólicas, comenzó a molestarse con la música que sonaba en la camioneta de Aguilera.
La situación empeoró cuando Delicia Fonseca de Acosta, madre de Luis Carlos, ingresó al tinglado acompañado de su hijo Gustavo y de Milcíades Cañete, para grabar con su celular y reclamar que allí se estaban usando supuestamente recursos estatales para fines políticos.
Después, a las 22:00 horas, una turba liderada por Luis Carlos Acosta y su padre irrumpió en el tinglado. Luis Carlos, armado con un revólver, disparó al aire y luego se dirigió directamente a Carlos Aguilera, golpeándolo en la cabeza con la culata del arma. En medio de la confusión, Aguilera intentó defenderse abrazando a su agresor, momento en el cual recibió un disparo en el abdomen que le costó la vida.
Tras el hecho, Luis Carlos Acosta Fonseca y su padre huyeron del lugar, mientras Aguilera fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. Posteriormente, los autores del crimen fueron detenidos, procesados y finalmente condenados durante el debate público tras varias deliberaciones.
