La estatal ANDE intervino otra granja mineradora de monedas virtuales en la zona de Minga Guazú, Alto Paraná. Suman este tipo de procedimiento, pero la impunidad sigue siendo una característica debido a que el Ministerio Público sigue sin investigar, sin intervenir en estos casos donde hay hechos punibles por partida doble. Por un lado, el robo de la energía y por el otro la actividad clandestina de criptomonedas.
En base a los datos, sobre el identificar de consumidor de la ande (NIS) se tiene que pertenece a la firma de Kaiser Paraguay Industrial y Comercial S.A. Si para cualquier persona es fácil saber a nombre de quien esta el local intervenido para la fiscalía lo es más fácil aún.
Pero es muy sugestivo que siga sin intervenir en estos casos pese a todas las evidencias que existen en los casos de la mineradoras.
Mientras la ANDE sigue realizando las intervenciones con el objetivo de disminuir sus perdidas por el robo de energía que es un delito, el Ministerio Público sigue sin hacer nada.
En Ciudad del Este el titular de la fiscalía es el fiscal adjunto, Jorge Sosa García, quien fue designado por el actual fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.
Sobre el ultimo procedimiento la ANDE dio a conocer el siguiente informe:
Como parte del operativo de reducción de pérdidas eléctricas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), funcionarios de la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas intervinieron el pasado 29 de noviembre un suministro en Media Tensión identificado con el NIS 1896329. Dicho local está ubicado en el km 14 de la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná.
Durante la verificación, se constató la existencia de irregularidades debido a una derivación en Media Tensión con conductores subterráneos utilizados para la actividad de criptominería. Los funcionarios y cuadrillas intervinientes procedieron al retiro del servicio irregular en Media Tensión, labrando el documento correspondiente y presentando una denuncia penal por el delito de sustracción de energía eléctrica ante el Ministerio Público. Asimismo, se constató la existencia en el lugar de un transformador de potencia de gran envergadura que abastecía de energía eléctrica en forma irregular. Se estima que esta situación ha ocasionado una pérdida mensual de Gs. 1.876.178.280 en concepto de energía eléctrica no facturada. Además, los gastos relacionados con la intervención y la aplicación de multas según la Ley 966/64 deberán ser abonados por el responsable del suministro intervenido. La práctica de criptominería conlleva un elevado consumo eléctrico y su conexión directa a la red eléctrica representa un grave perjuicio para la seguridad y calidad del servicio eléctrico. Por ello, la ANDE insta a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos que afectan considerablemente la confiabilidad del servicio en nuestras comunidades.
