El abogado Reinaldo Sánchez Canale, exfuncionario de confianza del exgobernador Roberto González Vaesken, fue denunciado y procesado por acoso sexual que ocurrió en el edificio del gobierno regional cuando González Vaesken era el “jefe”. Su caso ahora irá a juicio oral y público. Aunque hay escepticismo debido a que la fiscal acusadora será Estela Mary Ramírez, quien es muy cuestionada. Es del sonado caso de la madre y padre de Miguel Prieto Vallejos, cuyo vínculo con el exgobernador es bien sabido.
Reinaldo Sánchez Canale, abogado y exfuncionario de la Gobernación del Alto Paraná durante la administración de Roberto González Vaesken, será juzgado por acoso sexual, delito por el cual se expone a una condena de hasta dos años de prisión. Sánchez Canale, considerado uno de los padrinos políticos del exgobernador, habría utilizado su cargo dentro de la institución para abusar de su posición de poder.
El hecho ocurrió en noviembre de 2021, cuando presuntamente atacó a una funcionaria de la SENADIS comisionada en la Gobernación. Según la denuncia, la encerró en una oficina bajo el pretexto de tratar un convenio institucional, la abrazó por la fuerza e intentó manosearla.
La denuncia indica que la víctima —una madre de familia, funcionaria de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), comisionada a la Gobernación— fue convocada por Sánchez Canale para supuestamente tratar un convenio interinstitucional. En realidad, el encuentro habría sido un pretexto para aislarla y perpetrar el ataque en una oficina del edificio gubernamental.
La víctima había retornado recientemente de un permiso de maternidad y se encontraba en etapa de lactancia, situación que la colocaba en una condición de especial vulnerabilidad.
El abogado Mauro Barreto, representante legal de la víctima en la querella adhesiva, señaló que “una eventual condena sentará un precedente importante, ya que existen muy pocos fallos en casos de acoso sexual”. Asimismo, valoró el coraje de la mujer al denunciar el hecho pese a las trabas y dilaciones procesales.
A pesar de la gravedad de la denuncia, el caso se mantuvo estancado por casi tres años. Actualmente, el caso está a cargo de la cuestionada fiscal Estela Mary Ramírez.
La jueza Cinthia Garcete resolvió elevar la causa a juicio oral y público, en lo que podría convertirse en un fallo emblemático en materia de violencia de género dentro del ámbito público.
Mauro Barreto, abogado de la víctima, resaltó que la denunciante se encontraba en situación de especial vulnerabilidad, ya que acababa de reincorporarse de su permiso de maternidad. La eventual condena podría sentar un precedente judicial en un contexto donde los fallos por acoso sexual aún son escasos.
