Durante un operativo desarrollado contra Policía Rodoviaria Federal se incautaron 400 mil reales, decenas de celulares, tablets y computadores en el Estado de Paraná (Brasil). La investigación revela que los funcionarios uniformados revendían las mercaderías incautadas a sacoleiros en puestos de control y los revendían en redes sociales. Cuatro agentes federales fueron detenidos, dos en flagrante delito.
La Policía Rodiviaria Federal (PRF) y la Policía Federal (PF) incautaron este jueves (10) un deposito de productos electrónicos sospechosos de haber sido desviados por la misma Policía Rodoviaria Federal en el Estado de Paraná.
La Operación Spoliare realizo 54 órdenes de allanamiento y captura emitidas por el 3º Juzgado Federal de Foz do Yguazu.
En total se incautaron:
• 434 mil reales en efectivo;
• 84 teléfonos celulares;
• 3 vehículos;
• 2 notebooks
• 1 HD;
• 15 MacBook;
• 2 iPad;
• Una maleta con muestras de medicamentos.
El operativo también sirvió para el arresto de cuatro policías federales, dos en flagrante delito. Según la PRF, los agentes revendían por internet los bienes incautados en las operaciones rutinarias de la corporación.
Ruta del Contrabando
Las ciudades de Paraná donde se cumplieron las órdenes de captura en la operación están cortadas por la BR-277, la ruta principal utilizada por los contrabandistas para llevar mercancías desde Paraguay a otras regiones del país.
En el puesto de la PRF en Santa Terezinha de Itaipú, los policías incautaron documentos y un automóvil sospechoso de haber sido comprado con dinero del esquema.
Tambien se cumplieron órdenes judiciales en los siguientes municipios:
• Santa Terezinha de Itaipú;
• San Miguel de Iguazú;
• Medianeira;
• Ceu azul;
• Cascabel;
• Toledo;
• Telemaco Borba;
• Curitiba;
• São Paulo.
Investigaciones
Según la policía, las investigaciones comenzaron en el Departamento de Asuntos Internos de la PRF y señalaron que los involucrados vendían productos en plataformas de comercio electrónico o tenían la ayuda de otras personas para comercializar las mercaderias, generalmente enviados al estado de São Paulo.
Con base en el trabajo de la Corregedoria, las investigaciones derivaron en la instalación de un procedimiento en la Policía Federal, con el apoyo del Ministerio Público.
De ser condenados, los imputados deberán responder por delitos contra la administración pública. Las penas máximas pueden superar los 30 años de prisión. (? PRF ✍ G1 Globo)
