Luego de la detención del fiscal, Bernardo Javier Elizaur, en Emboscada, Cordillera, salieron a luz los varios casos de denuncias de pedido de coima. Precisamente, el mismo fue detenido durante una entrega vigilada de un pedido de dinero. Algunos de quienes se negaron a pagar fueron detenidos y estuvieron en prisión injustamente, como es el caso de Marcos Emmanuel González López. Todos los detalles serán enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Sin duda, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Cordillera sobre el caso de Marcos González López ya dejó al desnudo un entramado de presuntas irregularidades que sacude nuevamente los cimientos del sistema judicial paraguayo.
El caso tiene como protagonista al joven empresario esteño Marco Emmanuel González López, quien pasó cuatro meses privado de libertad en la cárcel de Emboscada pese a la ausencia de pruebas reales en su contra. Lo que debía ser un proceso legal ordinario se convirtió en un laberinto de decisiones arbitrarias, coimas, manipulaciones procesales y evidencias alteradas.
Todo debido a que no pagó una coima al fiscal, Elizaur.
En su momento, la abogada Noelia Núñez denunció públicamente al agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, actualmente imputado por un presunto pedido de coima, por haber protagonizado un caso de presunto abuso de poder y presión indebida, que derivó en la privación arbitraria de libertad de su cliente, el joven emprendedor Marcos Emmanuel González.
Según relató la profesional del derecho, el pasado 24 de mayo se llevó a cabo un allanamiento en el local comercial de González. Aunque la orden judicial era genérica, el empresario accedió voluntariamente a abrir su oficina y colaborar con el procedimiento. Sin embargo, durante el operativo, según la denuncia, se produjeron graves irregularidades.
La abogada asegura que el denunciante se presentó haciéndose pasar por técnico del Ministerio Público, acompañado de guardaespaldas y de un asesor jurídico del Senado, sin justificación clara sobre su participación en el procedimiento. A pesar de que en el lugar existían documentos que, de acuerdo con Núñez, demostraban el origen legal de las máquinas, estos fueron ignorados por el fiscal actuante.
El fiscal Bernardo Elizaur, quien hoy enfrenta una imputación por cohecho pasivo, es señalado por la abogada como responsable de un “apriete” hacia su defendido. Núñez sostiene que la actuación de Elizaur formó parte de un patrón de presión indebida que ella misma vivió “en carne propia”, dejando como saldo la detención de su cliente sin pruebas suficientes y bajo condiciones que califica de inhumanas.
“¿Quién le devolverá a mi cliente los días de cárcel, el hambre, el frío y el sufrimiento?”, cuestionó.
La privación de libertad de González a pesar de haber colaborado con las autoridades y el contexto en el que se desarrolló el procedimiento generan serias dudas sobre la legalidad y ética de las actuaciones del fiscal imputado.
La denuncia de la abogada Núñez vuelve a poner en foco el desempeño del Ministerio Público, especialmente en momentos en que la institución atraviesa cuestionamientos por corrupción y abuso de poder. El fiscal Elizaur ya fue imputado formalmente en un caso paralelo; ahora son posibles nuevas responsabilidades penales y administrativas.
