La aspirante a diputada por el movimiento de Honor Colorado, Liz Acosta Britez, y sus hermanos, Aldo y Guido, están unidos en la política, y en los antecedentes criminales. Liz y Guido estuvieron realizando campaña política junto al diputado Ulises Quintana en las pasadas elecciones municipales. Liz fue acusada y condenada por tráfico de droga en Brasil. Sus hermanos fueron acusados de haber robado un banco en Itapúa. Aldo tiene proceso por estafa.
Los documentos son contundentes y no dejan dudas. La opción 2 de la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por el movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes, Liz Cristina Acosta Britez, fue presa, procesada, y condenada a tres años de cárcel en el Brasil por tráfico de droga. Fue liberado debido a un error en el procedimiento policial.
Los hermanos de Liz, Aldo y Guido fueron presos acusados de ser integrantes de una banda de bandidos quienes robaron la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en la ciudad de Capitán Meza, departamento de Itapúa.
Los dos fueron detenidos en sendos procedimientos realizados en Ciudad del Este.
Mientras Liz y Guido hacían campaña en favor del diputado, Ulises Quintana, en las pasadas elecciones municipales del año pasado, el otro hermano, Aldo, fue acusado por estafa, de acuerdo a los antecedentes.
Pero al parecer para estas internas de la ANR, Liz y Guido estan en bandos diferentes. Mientras la que fue condenada por tráfico de dogas haca campaña junto a Santi Peña y Horacio Cartes. Guido está pidiendo votos para Hugo Velázquez.
Aldo Acosta, a su vez además del antecedente por robo tiene otros procesos como por estafa.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Alcides Giménez, formuló acusación contra 5 directivos de la desaparecida Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Producción, Consumo y Trabajo de la Itaipú Binacional (AMEEBI), por la supuesta comisión de los hechos punibles de Apropiación y Lesión de Confianza.
Ellos son Ángel Darío Orué Ayala (presidente), Cándido Waldermar Benítez (vicepresidente), Darío Fernández (secretario), Aldo David Acosta Brítez (tesorero) y Matías Garay Oviedo (gerente general). El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.
Los sospechados supuestamente cometieron diversas irregularidades y habrían aprobado de forma unilateral la renovación de condiciones de contrato de depósito de ahorro del socio Félix Fleitas Ayala (jubilado de la entidad), a sabiendas de que no tenían posibilidad de reembolsarle su ahorro. La víctima, hasta ahora, no pudo recuperar la suma de 250 millones de guaraníes y la entidad fue clausurada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
