Nuevamente efectivos policiales de la subcomisaria 52 de Minga Guazú y del Departamento de Investigaciones, son acusados de secuestro y cobro de millonario rescate. Esta vez las víctimas fueron una abogada y un empresario brasileños, ambos acusados por de haber simulado un robo para quedarse con una carga de productos electrónicos. Tras ser mantenidos en cautiverio tuvieron que pagar 100 mil dólares para ser liberados, y ahora nadie sabe que paso con ambos.
Comisario Luis Cárdenas González
Esta no es la primera vez que funcionarios policiales destacados en la subcomisaria 52, del Km. 30 de Minga Guazú, son acusados de secuestro y cobro de rescate. Esta es la tercera vez que existe una denuncia similar.
Esta vez el jefe de dicha dependencia es el comisario Luis Cárdenas González, quien ya tiene antecedentes por hechos ilegales.
Pero además de los uniformados destacados en dicha dependencia están metido en el secuestro otros agentes de Investigaciones, departamento a cargo del comisario Feliciano Martínez. El funcionario identificado como “Kaí” Franco, sería uno de los cerebros de lo ocurrido, y el mismo estaba bajo el mando del comisario Martínez.
Los agentes de Investigaciones también ya fueron denunciados en varias veces de secuestrar y cobrar rescates, o robar directamente dinero de acuerdo a los antecedentes. Se cambian a los jefes, pero la estructura corrupta queda intacta.
Las víctimas fueron la abogada Lucía Lisboa de Ishi y un empresario brasileño de nombre Marcelo, quienes tendrían juntos una empresa constructora en el kilómetro 18, en el municipio de Minga Guazú. En base a datos policiales ambos serían cómplices en el simulacro de robo de un camión de mediano porte, que trasportaba electrodos por valor millonario.
Precisamente esta ilegalidad cometida por los mismos fue usada por los policías para secuestrar a ambos y cobrar la suma de 100 mil dólares.
Los efectivos policiales mantuvieron en cautiverio a las víctimas y solicitaron a sus familiares 100 mil dólares a cambio de la liberación. El esposo, de la profesional, Satochi Ishi había reunido el millonario monto y finalmente las dos personas fueron liberadas, según fuentes confiables. Todo había ocurrido el pasado lunes 23 de mayo, en la zona de Minga Guazú, según nuestro informante.
Ahora nadie sabe sobre el paradero de la abogada, mientras el empresario habría regresado al Brasil, debido a que fue amenazado de muerte por los propios uniformados.
El director de la Policía Nacional en Alto Paraná, comisario Benicio Ramírez, tiene conocimiento de lo ocurrido, pero hasta la noche del lunes 30 de mayo, no había adoptado ninguna medida.
Tampoco el Ministerio Público intervino pese a que el hecho ya se publicó en diarios regionales de la zona.
