El gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, que es uno de los dos gobernadores “po pohýi”, a quien la Cámara de Diputados restituyó el “botín” llamado “Hambre Cero” para que siga la farra con el dinero que debía ser destinado íntegramente a la comida de los escolares en situación de vulnerabilidad. El Senado le había quitado por las graves denuncias de corrupción en el manejo del programa de 100 millones de dólares. Todo el proceso de adjudicación y ejecución está plagado de irregularidades.
Fue el senador Silvio “Beto” Ovelar quien usó la frase de “po pohýi” para calificar a los gobernadores a quienes se les quitó el programa “Hambre Cero”. Literalmente, “po pohýi” significa mano dura, pero en el contexto que usó el parlamentario colorado, es que roban mucho, y uno de ellos es Landy Torres de Alto Paraná.
La administración del programa de US$ 100 millones por parte del gobernador del décimo departamento es muy cuestionada. Comenzó con la adjudicación que estuvo amañada, para después seguir con la entrega de alimentos de mala calidad y sin cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Debido a la alusión de denuncias de irregularidades, el Senado le quitó la administración del programa “Hambre Cero” a Landy Torres, junto a la de Concepción.
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, introdujo modificaciones y devolvió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9.° de la Ley N.° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo) y sus modificatorias”.
El proyecto original, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, pretende que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) —además de Asunción, Central y Presidente Hayes— asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.
El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera) calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña.
«Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país», afirmó.
Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. «Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal», acotó.
En este sentido, es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza (ANR), en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.
Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú) ratificó su postura a favor de la descentralización. «Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso», sostuvo.
El diputado Roberto González (ANR-Cordillera) también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.
Por su parte, el diputado Adrián Vaesken (PLRA-Central) cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.
Modificaciones puntuales
El documento fue analizado y aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.
