El juez Humberto Otazú, bajo apercibimiento: si no se presenta, se ordena su detención; cita a audiencia preliminar a Miguel Prieto Vallejos, ex intendente destituido por corrupto; a Sebastián Martínez, concejal rastrero; a la expareja de Prieto, Emili Vanessa Florentín Páez, y toda la pandilla. En este caso, el perjuicio causado al municipio es una suma baja, comparando con los otros casos de corrupción que afectan al exjefe comunal, y que en gran parte siguen cajoneados en el Ministerio Público.
El juez de garantías Humberto Otazú fijó para el 04 y 05 de marzo la audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y otros acusados por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia. La citación es bajo apercibimiento.
En el caso, tanto Prieto como los demás coprocesados son acusados por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público.
La citación del juez es bajo apercibimiento de que las partes actúen de buena fe y sin obstaculizar el proceso.
Miguel Prieto y Sebastián Martínez, los principales responsables del esquema de robo de las comidas para la gente pobre.
En la causa se investiga un supuesto perjuicio de G. 306.188.500 para la Comuna, por los pagos realizados a una supuesta empresa proveedora de mercaderías, Tajy Servicios Generales, pero las mercaderías nunca ingresaron a la Municipalidad esteña, según la acusación de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
En el caso, a más de Miguel Prieto, están procesados Francisco Arrúa Álvarez, exdirector de Administración y Finanzas; Buenaventura Morínigo, dueño de Tajy Servicios Generales, y Emili Vanessa Florentín Páez, de la firma Vanemi SA.
También están procesados Maggi Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal rastreri, y Alex Samhat, jefe de la Procesadora de Alimentos de la Comuna y administrador del contrato.
Finalmente, están acusados Higinio Acuña, jefe de adquisición y suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago, y Nelson Segovia Acevedo, tesorero municipal.
La preliminar fue suspendida en varias ocasiones, teniendo en cuenta las recusaciones y otros pedidos presentados por las defensas, en especial, el tema de que el caso debe ser juzgado en el Alto Paraná.
Prieto debe enfrentar juicio oral en el conocido caso Tía Chela, lo que ya fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal.
Con información de Última Hora.
