El martes 27 de octubre de 2025, la intendente interina títere, María Portillo (PLRA), firmó la resolución 539, por la cual venden el valioso terreno municipal, disfrazado de concesión a la empresa BIG C S.A. El miércoles 28 de 2025, ingresa a la Junta Municipal; cuatro comisiones asesoras se reúnen y dictaminan; luego, en sesión “ordinaria”, aprueba la adjudicación. Todo en menos de 24 horas, atendiendo a que la resolución de la Intendencia se firmó al filo de las 13:00 y la aprobación fue en horas de la mañana del día siguiente. Los principales responsables son Miguel Prieto Vallejos, ex intendente destituido por corrupto; hizo toda la negociación; María Portillo, firmó la adjudicación y el contrato; y el actual intendente, Dani Pereira Mujica, lo está haciendo cumplir con uso de la fuerza.
Para entender el caso, hay que recordar que esta es la tercera vez que se “concesiona”, por decir, porque en realidad es una venta, ya que la cesión puede ser las 7 hectáreas, parte del predio de 9 hectáreas, que fue expropiado al exdictador Alfredo Stroessner y a su secretario privado, Mario Abdo Benítez, ya fallecido. La parte que se vendió ahora es la que no pertenecía a Stroessner.
Toda la negociación la hizo el exintendente, Prieto, rajado de la comuna por corrupción generalizada. Todo ya estuvo arreglado, pero se vino la intervención.
El 27 de octubre y estando como intendente interina títere, María Portillo (PLRA) se adjudica la supuesta concesión que en realidad es una venta a la empresa BIG C S.A. La misma después firma el contrato.
SECUENCIA DE DOCUMENTOS QUE MUESTRA CÓMO VENDIERON EL TERRENO MUNICIPAL
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El actual intendente, Dani Pereira Mujica, es el encargado de hacer cumplir todo lo “pactado”, inclusive usando la fuerza. Está utilizando a la Policía Nacional para concretar el feroz negociado con un patrimonio del pueblo de Ciudad del Este.
Pero sin duda en la Junta Municipal todo quedó claro: se trata de un negociado. De una venta del predio municipal. Pero la plata no ingresa a las arcas del municipio.
El miércoles 28 de octubre, la resolución llega a la Junta Municipal, y el concejal rastrero, Sebastián Martínez, con dos imputaciones por robo en pandemia, comienza la operación “flash” para concretar el negociado.
En la misma mañana del 28 de octubre, supuestamente cuatro comisiones asesoras, la de Legislación, Hacienda y Presupuesto, la de Obras (aunque esta última no se menciona, pero debió dictaminar), se reunieron en forma simultánea.
Cómo lo hicieron. Una buena pregunta, ya que varios concejales integran las tres comisiones. Solo si son Mandrake podrían explicar.
En la misma mañana del miércoles 28 de octubre se realiza la sesión ordinaria, y se aprueba de una sola vez la adjudicación y el contrato, o sea, por 2 x 1, la promoción.

Pero ahora el intendente Pereira Mujica escondió todos los documentos relacionados al proceso, que nadie sabía. Pero ellos dijeron que se hizo en forma pública y transparente, pero no muestran un solo documento, una sola foto.
Se trata de una concesión gigantesca, millonaria, y todo lo hicieron a escondidas del pueblo. Pero en realidad no es concesión, es venta del predio municipal. Lo de concesión es para darle un ropaje legal al negocio inmobiliario, ilegal.
LOS DATOS PARA TENER EN CUENTA:
Concesión de la Finca 2925: inversión cumplida y sucesivos recortes que afectan la seguridad jurídica
La situación de la Finca Nº 2925 de Ciudad del Este expone una serie de decisiones administrativas que generan preocupación en torno al respeto de los contratos de concesión, la seguridad jurídica y el trato equitativo a las inversiones privadas que contribuyen al desarrollo de la ciudad.
En el año 2008, la Municipalidad de Ciudad del Este concedió la totalidad de la Finca N.º 2925, con una superficie de 61.862 m², a la empresa Estacionamientos del Este S.A., conforme al contrato de concesión suscripto y homologado por Resolución N.º 965 IM, de fecha 18 de noviembre de 2008.
La concesión fue otorgada bajo condiciones claras y exigentes: el concesionario debía realizar una inversión anticipada significativa y ejecutar obras de infraestructura que incluyeron:
Un tinglado con división de casillas para aproximadamente 400 mesiteros.
Un edificio de cinco pisos, con baños, área administrativa y depósitos.
Un área destinada a estacionamientos.
Estas obligaciones fueron cumplidas en su totalidad, representando en ese momento una inversión aproximada de 5 millones de dólares, además del pago permanente de un canon del 5 % por cada vehículo estacionado, conforme a lo establecido en el contrato.
Sin embargo, pese al cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, la Municipalidad no respetó la entrega ni la permanencia sobre la totalidad del inmueble concedido.

PRIMER RECORTE – AÑO 2011
En el año 2011, mediante Resolución N.º 098/2011 J.M., la Municipalidad adjudicó a la empresa K y K Shopping S.A. una fracción de 20.767 m² de la misma Finca N.º 2925, generando el primer despojo territorial al concesionario original.
Esta nueva concesión se otorgó sin exigir la realización de obras públicas, estableciendo únicamente el pago de un canon mensual de G. 150.000.000, situación que contrasta de forma evidente con las exigencias impuestas a Estacionamientos del Este S.A.
SEGUNDO RECORTE – AÑO 2025
En octubre de 2025, se produce un segundo despojo, esta vez mediante la adjudicación del Lote C de la Finca n.º 2925, con una superficie de 18.126 m², a la empresa BIG C S.A., conforme a la Resolución n.º 539 IM.
Al igual que en el caso anterior, esta concesión fue otorgada sin obligación de ejecutar obras públicas, fijando un canon mensual de Gs. 200.000.000, nuevamente sobre la misma finca originalmente concedida en su totalidad en 2008.
TRES CONCESIONES DE
LAS 7 HECTÁREAS
Un mismo inmueble, tres concesiones. El caso de la finca n.º 2925 no solo afecta a una empresa en particular, sino que sienta un precedente relevante para cualquier inversión privada que confíe en la estabilidad de los acuerdos celebrados con el municipio.
La intervención municipal en esta ocasión peligra sobremanera la inversión privada; es más, directamente atenta contra la seguridad jurídica de una empresa que está apostando de forma diaria y sostenida en el crecimiento de la ciudad y del país. La capital departamental acaba de cumplir 69 años; hemos visto crecer la otrora “Ciudad Jardín”, y de hecho seguiremos acompañando el vertiginoso desarrollo, y también exigimos el apoyo de vuestras autoridades.














