A dos años del hurto millonario registrado en la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este, la investigación fiscal y policial no registra avances sustanciales y persiste una de las principales incógnitas del caso: cuánto dinero fue realmente sustraído.
El hecho, ocurrido tras la excavación de un túnel que permitió el acceso directo a la bóveda del gremio, fue catalogado desde un inicio como uno de los mayores robos cometidos en la capital del Alto Paraná. Sin embargo, con el paso del tiempo, la causa permanece abierta sin resultados concretos, sin una imputación firme contra los responsables y sin una cifra oficial del perjuicio económico.
Desde el inicio de la investigación, las estimaciones sobre el monto robado han sido dispares. Algunas versiones, basadas en declaraciones preliminares de asociados, indicaron que el botín rondaría los G. 15.000 millones. Otras evaluaciones, surgidas en ámbitos investigativos y extraoficiales, elevaron la cifra hasta USD 30 millones, lo que ampliaría considerablemente la magnitud del daño patrimonial.
La falta de precisión responde, en gran medida, a la ausencia de registros consolidados sobre el dinero almacenado en la bóveda al momento del hurto. Parte de los fondos no se encontraba formalmente bancarizada, situación que dificultó el trabajo pericial y la verificación contable posterior, según reconocieron autoridades intervinientes en las primeras etapas del proceso.
A lo largo de estos dos años se realizaron allanamientos, peritajes técnicos y algunas imputaciones preliminares, pero ninguna de estas diligencias derivó en un cierre del caso ni en la recuperación del dinero sustraído. Tampoco se presentó un informe final que permita establecer responsabilidades penales claras o confirmar el monto exacto del botín.
El prolongado estancamiento del expediente genera cuestionamientos en torno a la eficacia del proceso investigativo, tratándose de un hecho de alto impacto económico y social. Para el sector cambista y para la ciudadanía en general, el caso sigue representando una deuda pendiente del sistema de justicia, no solo por la falta de condenas, sino también por la imposibilidad de esclarecer un dato central: cuánto dinero desapareció realmente aquella madrugada.
