El fisioterapeuta Adán Justino Ramírez Arrúa denunció que le rescindieron su contrato de servicio en la Fundación Tesãi luego de más de 13 años de prestación de servicios, y atribuyó la decisión a una presunta persecución política relacionada con su militancia en el movimiento Yo Creo, liderado por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto. El cuestionado exjefe comunal se aprovecha de esta situación para hacer proselitismo con su operador político, quien perdió su trabajo, pero se olvida de que hace poco el mando echó a liberales y colorados en la comuna.
De acuerdo con el relato del profesional, hace aproximadamente dos semanas fue notificado de que no sería tenido en cuenta para el año 2026. Al reunirse con directivos de la institución, afirmó que no recibió mayores explicaciones, más allá de la invocación al derecho de admisión y permanencia de la entidad.
Llamativamente, la Fundación Tesai no informó nada sobre este tema. Si la destitución corresponde, y si se le paga todos los derechos, nada se puede hacer, pero se debe realizar todo en forma transparente para evitar que estos hechos sean usados para fines políticos.
Ramírez Arrúa sostuvo que durante su trayectoria en Tesãi no tuvo conflictos laborales, ni con autoridades, ni con personal administrativo o pacientes.
El denunciante remarcó también su condición de persona con discapacidad, señalando que nunca la utilizó para generar compasión, sino como una herramienta de motivación para pacientes y estudiantes.
En ese sentido, expresó su repudio a cualquier forma de discriminación política o exclusión, y reclamó la falta de un marco legal específico que proteja adecuadamente los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Ramírez Arrúa no explicó si el mensaje es solo para los directivos de Tesai o va también para la cúpula de su partido, Miguel Prieto y el intendente Dani Pereira Mujica, quienes echaron a muchos colorados y liberales, por los colores.
En cuanto al vínculo contractual, explicó que su relación con la fundación se daba bajo la modalidad de prestador de servicios, mediante contratos temporales de uno a dos años, no regidos por el Código Laboral. No obstante, aclaró que su reclamo no se centra en el aspecto contractual, sino en lo que considera una decisión arbitraria, en la que, según su versión, se priorizó la afinidad política por sobre el desempeño profesional.
Asimismo, Ramírez Arrúa mencionó expresiones que atribuyó a Mary Alfonso, hermana del concejal Richard Alfonso (ANR), las cuales, a su criterio, evidenciarían un seguimiento político interno dentro de la institución. También afirmó que existirían otros casos de trabajadores o prestadores que habrían sido desvinculados o advertidos por publicaciones o interacciones en redes sociales vinculadas a referentes políticos.
La situación que se presenta con Ramírez Arrúa rápidamente ya está siendo usada para fines políticos por Prieto, quien hace poco desató una persecución política en la comuna, echando a liberales y colorados.
El expresidente de la Junta Municipal, el concejal rastrero, Sebastián Martínez, inclusive dijo que a los colorados hay que darles una patada en el culo. Ramírez Arrúa nada dijo sobre la posición de sus dirigentes políticos.
Pero sin duda, este es un capítulo más en la serie de denuncias contra la Fundación Tesai, que maneja un presupuesto millonario con dinero público.
