Finalmente, la Justicia decidió que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y parte de su pandilla sean juzgados por el descarado robo de alimentos que debieron ser destinados a familias pobres en plena pandemia. Mientras miles de paraguayos morían, ellos llenaban sus bolsillos con el dinero que debía ser usado para asistir a vulnerables. La decisión fue del juez Humberto Otazú. El fiscal Silvio Corbeta reiteró que hay suficientes elementos que demuestran el esquema que montaron para tragarse la plata del pueblo. Este es el caso de la despensa barrial “Tía Chela”, de donde simularon comprar alimentos por US$ 500 mil. Se tragaron cerca de 3.000 millones de guaraníes.
Tras la audiencia preliminar realizada esta mañana, el juez Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de la COVID-19.
El magistrado rechazó los incidentes de nulidad y sobreseimiento definitivo, para luego admitir la acusación fiscal por lesión de confianza y asociación criminal. La Fiscalía acusó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, Prieto encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, que habrían operado para el desvío de recursos municipales. Según la acusación, la estructura estuvo integrada por funcionarios y directores municipales a su cargo, así como por terceros.
El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, destituido por corrupto, junto con otros 10 acusados, se encuentra en etapa de audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú. El fiscal Silvio Corbeta considera que el Ministerio Público ha reunido el caudal probatorio suficiente para que la causa por lesión de confianza se debata en juicio oral.
En tanto que la defensa del exjefe comunal habla de graves inconsistencias que buscan cubrir las propias falencias de la acusación fiscal.
El fiscal Silvio Corbeta fundamentó su pedido de juicio a partir de aspectos que hacen al procedimiento para la adquisición por vía de la excepción y que, en el particular, los recursos del municipio debían ser dirigidos a la compra de insumos médicos y materiales hospitalarios, teniendo en cuenta la situación de pandemia.
“No se podría determinar bajo este análisis si efectivamente estas causales para iniciar un proceso de contratación de compra de kits a ser distribuidos a familias de casos recursos revestían efectivamente la característica de urgencia impostergable, considerando la significatividad del monto económico; en este caso, era aproximadamente 2.949 millones, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley 2051 de contrataciones.
Según el fiscal, para los kits era aplicable el procedimiento de la licitación pública y no un procedimiento por vía de la excepción como lo hicieron.
Continuó alegando que el perjuicio económico detectado a la institución de G 2.130.036.160 ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este por parte del intendente a través de los pagos dispuestos el 7 de abril y el 9 de julio del 2020. Un proceso realizado de forma indebida por la vía de la excepción no había sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios a su cargo designados en cargo de confianza por el propio Prieto.
“En ese sentido solicito al juzgado la admisión de todas las pruebas periciales ofrecidas oportunamente, las pruebas documentales, así como las instrumentales y los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público en el estado de requerimiento fiscal, y había que hasta solicitando la inclusión y la admisión total y la correspondiente elevación a juicio oral y público de la presente causa con relación a los 11 ciudadanos citados y acusados por el Ministerio Público porque se considera que esta investigación proporciona un fundamento serio para el enjuiciamiento público de los acusados”.
INCONSISTENCIAS SEGÚN DEFENSA
El abogado Derlis Martínez, en representación de Miguel Prieto, solicitó la nulidad de la acusación a partir de “notables inconsistencias que el Ministerio Público intenta tapar con una grave e intolerable indeterminación de los hechos en cuanto a las circunstancias centrales”, al tiempo de cuestionar el poco rigor jurídico y la nula objetividad en su conducción, enfatizó.
LOS ANTECEDENTES
Además de Miguel Prieto, están acusados y con pedido de juicio Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas.
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal, Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”.
