La agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 y Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía Zonal de Santa Rita, Dra. Rocío Celeste González, formuló imputación contra dos hermanos, uno paraguayo de 29 años y otro brasileño de 37 años, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96, referentes a tala de árboles y quema en una zona boscosa del distrito de Santa Rita.
La investigación se inició el 8 de octubre de 2025, cuando el Ministerio Público tomó conocimiento sobre los presuntos delitos ambientales. En el marco de la pesquisa, la representación pública requirió al Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Bernardo Silva, la autorización de allanamiento para verificar la veracidad de la información, identificar el inmueble y determinar a los responsables.
El primer procedimiento se llevó a cabo el 27 de octubre de 2025, acompañado por equipos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del Instituto Forestal Nacional (INFONA), del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA) y de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA) de la Fiscalía General del Estado.
Durante la inspección, se constató la utilización de maquinarias pesadas para la limpieza de la formación vegetal, el destronque de especies nativas y cortes realizados con motosierras. Técnicos de la DEDA realizaron relevamientos fotográficos, georreferenciación y análisis con imágenes satelitales multitemporales, estimando una afectación de aproximadamente 35 hectáreas. A raíz de las irregularidades detectadas, el Ministerio Público dispuso la suspensión de las actividades y la prohibición de ingreso al inmueble, a fin de evitar la continuidad del desmonte y la extracción de las especies.
Sin embargo, el 14 de noviembre de 2025, a raíz de nuevas informaciones sobre la continuidad del desmonte y la quema de restos vegetales, la agente fiscal solicitó un segundo mandamiento de allanamiento, el cual fue otorgado por el Juzgado Penal de Garantías. Luego, una comitiva fiscal-policial corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de un nuevo sector desmontado de unas 5 hectáreas.
Al percatarse de la intervención, los trabajadores abandonaron las maquinarias y campamentos, internándose en la zona boscosa. En el lugar se incautaron cinco tractores de distintas marcas y una motocicleta, que fueron trasladados para su resguardo al estacionamiento de la Junta Municipal de Santa Rita, quedando a disposición del Ministerio Público y del Juzgado. La fiscal dispuso además el lacrado del portón de acceso a la propiedad y el resguardo permanente por parte del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional.
Conforme al sistema de catastro nacional y a las verificaciones realizadas por la Policía Nacional, el inmueble pertenece a los dos ciudadanos ahora imputados. De las actuaciones incorporadas, esta representación cuenta con suficientes elementos de sospecha sobre su participación en la tala y quema de aproximadamente 40 hectáreas, producto de las dos intervenciones, conducta que se subsume en lo previsto en el artículo 4, inciso a), de la Ley 716/96, en concordancia con los artículos 4 y 29 del Código Penal.
A raíz de la complejidad del caso, la agente fiscal Rocío González solicitó un plazo de seis meses para la investigación, la notificación de la imputación, la fijación de audiencia para que los imputados sean oídos y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho, la continuidad del desmonte tras la primera intervención y la existencia de peligro de fuga.
