La construcción de una estación de servicios de la firma Tapiracuai S.A., avanza sin contratiempo y mediante una orden judicial dictada por una Jueza de la Niñez. La citada empresa es parte de un esquema de lavado de dinero del narcotráfico que comenzó a ser desmantelada con la operación “A Ultranza Py”. La gasolinera está en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, frente a la sede de los Bomberos Voluntarios.
No hay dudas de que el esquema de lavado de dinero que comenzó a ser desmantelado por la operación “A Ultranza Py”, sigue vigente y operante. La firma Tapiracuai S.A., cuyo representante es Alberto Koube, preso en el marco de la operación, sigue construyendo estaciones de servicios en Ciudad del Este y en Presidente Franco.
Una de estas gasolineras está siendo construidas en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, sobre la avenida Mariscal Estigarribia, frente a la sede los bomberos voluntarios.
La misma está en fase de terminación de acuerdo a lo que se puede observar.
La obra sigue mediante una medida cautelar firmada por la Jueza de la Niñez y Adolescencia, Juana Teresita Martínez.
Esto deja una vez más al desnudo como los esquemas de lavado del tráfico de drogas ha permeado el sistema jurídico de nuestro país.
Como es que una magistrada de la Niñez, autoriza una construcción que es prohibida por los concejales municipales de la ciudad de Presidente Franco. Es claro que es competencia de los legisladores municipales autorizar este tipo de obra y no de una magistrada de la Niñez.
La obra es totalmente ilegal.
Los antecedentes indican que, en la sesión de la Junta Municipal de Presidente Franco, del 5 de noviembre de 2021 estuvieron presentes 10 concejales, de los cuales cuatro hicieron constar su disidencia, para aprobar la obra, y dos estuvieron ausentes, por tanto, hubo dudas de mayoría simple para aprobar los planos y planillas para la construcción del surtidor de la empresa Tapiracuai S.A. en el barrio San Pablo de la ciudad.
La medida judicial que dio la magistrada de la Niñez, fue muy criticada por los concejales especialmente por beneficiar a una empresa vinculada a un esquema de lavado de dinero del narcotráfico.
Según el concejal Hugo Mendoza (ANR), fue aberrante la intromisión del Poder Judicial en la autonomía de la Junta Municipal, y dijo que, pese a la irregularidad, mediante la medida la obra sigue, aunque pueden apelar, pese cree que ya es tarde.
