Un esquema de usura y lavado de dinero involucra directamente a los dueños de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), que tiene una sede en Ciudad del Este, en la zona del Lago de la República. Diego Blas Fernández ya está imputado; pero su esposa María Alessandra Gugliotta Ascoli sigue burlando el proceso. La casa de estudios superiores se convirtió en una entidad de usura, con préstamos que superan el millón de dólares con intereses que superan el 17%, para hacer supuestamente negocios con China. Existen reportes de la SEPRELAD, pero todo se tramita muy lentamente y los estudiantes comienzan a preocuparse por la situación.
Casi la totalidad de los estudiantes de la UNIDA en Ciudad del Este son brasileños y los mismos recién la semana pasada comenzaron a enterarse, algunos de ellos sobre la grave denuncia contra los directivos de la mencionada universidad. Pero sin duda la situación ya comenzó a preocupar a todos.
UNIDA en Ciudad del Este
El fiscal Francisco Torres, titular de la Unidad Penal número 16, enfrenta críticas por la falta de celeridad en la investigación contra directivos de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), acusados de presunta usura y lavado de dinero.
Diego Blas Fernández
Se trata de Diego Blas Fernández, presidente de la Sociedad de Enseñanza Superior S.A., entidad jurídica de la UNIDA, quien fue imputado junto a Juan José Correa Bazzano, Carlos Alberto Serrano Dávalos, Jorge Ponasso García, Silvia Bretón Muñoz y Joaquín Fonseca por el supuesto hecho de usura, tras una denuncia presentada por Mandatos Paraguayos S.A. y Lantana S.A.
La denuncia señala un esquema de préstamos millonarios, cercanos al millón de dólares, con tasas de interés de hasta el 17%, superando los límites legales establecidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Estos fondos, supuestamente destinados a la comercialización de carne y madera con China, podrían estar ligados a un esquema de lavado de dinero.
La propia Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD) reportó las operaciones sospechosas de la citada universidad, pero su actuación, al igual que la de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ha sido cuestionada por su aparente desinterés en profundizar la investigación.
La esposa de Fernández,
María Alessandra Gugliotta Ascoli
, propietaria de la universidad y señalada como presunta cerebro del esquema, aún no ha sido imputada, a pesar de las sospechas sobre su rol en la gestión irregular de los fondos provenientes de las cuotas estudiantiles. El CONES, encargado de la regulación de las universidades, también ha sido criticado por su inacción. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no ha tomado medidas para intervenir la UNIDA o suspender a sus directivos, lo que genera dudas sobre su compromiso con la transparencia en el sector educativo.
Mientras el Gobierno paraguayo proclama su lucha contra el crimen organizado, casos como este evidencian una preocupante impunidad. La falta de coordinación entre los órganos de control, como SEPRELAD, DNIT y CONES, permite que posibles delitos transnacionales, como el lavado de dinero, encuentren terreno fértil en instituciones de renombre.
La UNIDA debe ser sometida a una intervención exhaustiva para esclarecer si los fondos de la universidad financiaron préstamos ilegales. Las autoridades del consejo de la universidad deben ser investigadas a fondo por la fiscalía para confirmar o no la responsabilidad de los mismos. La demora en la actuación del fiscal Torres y la pasividad de las instituciones de control reflejan una preocupante falta de compromiso en el combate al crimen financiero.
