Los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que se impongan medidas cautelares contra una de las procesadas en la causa abierta a Miguel Prieto y otros por los hechos punibles de lesión de confianza y otros, en el marco del denominado “Caso Tajy”, a fin de asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar.
Inicialmente, los fiscales requirieron al magistrado Humberto Otazú la aplicación de la prisión preventiva, atendiendo a que una de las personas imputadas promovió reiteradamente recursos de carácter dilatorio, entre ellos una recusación contra el propio juez, lo cual impidió la realización de la citada audiencia.
El Ministerio Público también solicitó que el Juzgado fije una nueva fecha para la audiencia preliminar. Cabe mencionar que el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Segunda Sala, integrado por los magistrados Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Claudia Criscioni, mediante el Auto Interlocutorio n.º 187 del 3 de octubre de 2025, rechazó la recusación presentada por el abogado Bruno Stiven Aguayo, defensor de la procesada, en contra del juez Humberto Otazú.
En el escrito presentado, el Ministerio Público señaló que desde la presentación del acta de imputación la audiencia de imposición de medidas cautelares no pudo concretarse respecto de ninguno de los procesados, debido a una serie de actos dilatorios y un notable ejercicio abusivo del derecho que impiden el avance del proceso y la aplicación de medidas cautelares personales y reales que garanticen su sujeción a la causa.
Asimismo, el documento fiscal advierte que, ante la acusación ya presentada, se incrementa el peligro de fuga tanto de la recusante como de los demás procesados, considerando el requerimiento de enjuiciamiento público formulado por el Ministerio Público.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 11 de junio de 2020 los procesados habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, mediante el pago irregular a la empresa proveedora Tajy por mercaderías inexistentes, en el marco de un procedimiento administrativo presuntamente diseñado para beneficiar de manera exclusiva a dicha firma.
