El fiscal Alcides Giménez Zorrilla formuló acusación contra cinco funcionarios penitenciarios por su presunta participación en la fuga de ocho reclusos de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Minga Guazú. Los acusados enfrentan cargos por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos, previstos y sancionados por los artículos 292 y 294 del Código Penal.
En fecha 26 de marzo de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, en el interior del Centro de Reinserción Social del km 20 de Minga Guazú, se realizó el traslado de personas privadas de libertad desde el módulo 8, denominado “máxima”, hasta el sector denominado “soleado”, ubicado a un costado del referido módulo.
Posteriormente, alrededor de las 19:00 horas, en abierta transgresión al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Justicia mediante Resolución n.º 170 de fecha 26 de febrero de 2024, los agentes penitenciarios permitieron la permanencia de internos de alta peligrosidad en el sector “soleado” fuera del horario reglamentado. Sin adoptar las medidas de seguridad correspondientes, abandonaron deliberadamente la zona de vigilancia y con dicha conducta propiciaron y facilitaron la fuga masiva registrada horas más tarde.
El actuar de los funcionarios quedó registrado en las cámaras de CCTV, monitoreadas desde la cabina central de control. Las grabaciones muestran que los agentes trasladaron a los internos hasta las celdas del sector “soleado”, utilizando un grillete como candado y proporcionando previamente a los internos las llaves genéricas para facilitar la apertura sin dificultad.
Posteriormente, los funcionarios se retiraron de la zona de vigilancia sin adoptar otras medidas de seguridad y se dirigieron a otras áreas. Aprovechando esta situación, uno de los internos destrancó su celda, retiró el grillete y procedió a abrir las demás celdas colindantes, liberando un total de ocho celdas.
Una vez fuera de las celdas, los reclusos subieron al techo de rejas de hierro tipo tejido, treparon la muralla dejando un grillete con la cadena cortada y la llave puesta, descendieron por un ducto de agua mediante una cañería, se arrastraron por debajo del tejido de alambre perimetral del sector denominado “tierra de nadie” y finalmente descendieron de la garita mediante cortes de tela y sábanas hasta el exterior del centro penitenciario. El hecho se registró aproximadamente a las 20:00 horas.
El funcionario encargado de la cabina de monitoreo omitió observar las cámaras de seguridad durante la fuga y no alertó oportunamente a las autoridades del establecimiento penitenciario. Tras recibir la denuncia, el fiscal Giménez, quien en ese momento estaba de turno, se constituyó en el penal, acompañado de agentes de la Policía Nacional, y verificó los hechos.
Se incautaron los celulares de los imputados y otros elementos de prueba, los cuales fueron debidamente individualizados en acta de procedimiento. Se recabaron además 16 declaraciones de funcionarios que corroboraron la cronología del hecho y la falta de aviso oportuno desde la cabina de monitoreo. Además, de varias otras evidencias.
La Fiscalía sostiene que los elementos de convicción recogidos durante la etapa investigativa, consistentes en las grabaciones de CCTV, los aparatos incautados y los testimonios, son indicios suficientes para sustentar la acusación por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las exigencias del Artículo 347 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público formalizó la acusación ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 3 y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, a fin de que todos los acusados sean enjuiciados por los hechos punibles citados.
