El ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, echado por corrupto; el presidente de la Junta Municipal, el rastrero Sebastián Martínez, y otros 9 funcionarios municipales pueden ser detenidos y llevados a la fuerza a la audiencia preliminar donde se debe definir si los dos casos donde están imputados son elevados a juicio oral y público. Las evidencias contra los acusados son contundentes y por eso los mismos tratan por todos los medios de dilatar el proceso penal. Son solo dos casos. Hay que recordar que hay 49 denuncias cajoneadas en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia sigue sin sancionar a Prieto y sus abogados por las chicanerías.
Miguel Prieto y Sebastián Martínez, los principales responsables del esquema de robo.
Los agentes fiscales anticorrupción Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez requirieron al Juzgado de Garantías la citación, bajo apercibimiento, de Miguel Prieto, Sebastián Martínez y los demás acusados en las causas conocidas como “Tía Chela” y “Tajy”, a fin de que comparezcan a la audiencia preliminar.
La solicitud fue presentada tras quedar firmes las resoluciones dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó las apelaciones contra las recusaciones planteadas en el marco de los procesos.
En el caso “Tía Chela”, el Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otras diez personas por la presunta comisión de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
Miguel Prieto y Emili Vanesa Florentín, procesados por caso Tayi, ahora pueden ser detenidos
En el caso “Tajy”, están acusados el exintendente Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas. La Fiscalía les atribuye los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con la acusación, el 11 de junio de 2020 los procesados habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de un pago irregular a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, tras un procedimiento diseñado para beneficiar exclusivamente a dicha firma.
