Mientras los casos considerados gordos, como el de nepotismo, la costanera, las obras adjudicadas a operadores políticos, simulación de transferencia a comisiones vecinales, siguen cajoneados en el Ministerio Público, ahora se anuncia la tercera imputación contra Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto. Los propios fiscales, quienes presentaron la acusación por lesión de confianza, producción de documento no auténtico y declaración falsa, piden dejar impune a Prieto al no pedir su prisión. Otras 11 personas, entre ellas el concejal Sebastián Martínez, tienen también su tercera imputación. Este es el caso por la tragada de dinero que debía ser destinado a ollas populares durante la pandemia. Es otra joda más.
Los agentes fiscales, Néstor Coronel Gamarra, Luz Guerrero y Marlene González, agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, asignados a la presente causa por Resolución F.G.E. n.º 2980 de fecha 25 de julio de 2024, imputaron al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto a otras 11 personas.
Los intervinientes cuentan con suficientes elementos de sospecha para sostener que los involucrados habrían participado en los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Los antecedentes de la causa señalan que, en el año 2020, Miguel Prieto, en ese momento intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, autorizó la concesión de aportes económicos a subcomisiones para ollas populares. Estos aportes económicos desembolsados presentarían irregularidades en la gestión, ejecución y rendición de cuentas a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo a las documentaciones de los legajos de rendición de cuentas, ambas comisiones solicitaron aportes económicos, sin explicar convenientemente en qué consistían estos y, en ese sentido, la administración municipal procedió a dar trámite administrativo y al pago respectivo por cada solicitud.
De acuerdo a las prerrogativas legales, en fecha 18 de setiembre de 2024, una comitiva fiscal procedió a allanar la vivienda ubicada en las calles Avenida Urunday 11 entre Sucre, del barrio La Blanca de Ciudad del Este. El lugar fue declarado como domicilio de las subcomisiones; sin embargo, no funcionaban allí.
Según los antecedentes de la causa, para justificar los desembolsos referidos, los representantes de las subcomisiones, con anuencia del director de Desarrollo Social, del tesorero y del director de Administración de Finanzas, también imputados, habrían utilizado documentos de contenidos no auténticos, vale decir, supuestas facturas emitidas por las empresas que no reflejarían la realidad de las operaciones económicas declaradas.
Entonces, se cuenta con la sospecha de que, en el año 2020, la administración municipal a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a los fondos de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro (recursos propios 2020), en concepto de pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría causado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron que el Juzgado Penal de Garantías aplique medidas de suspensión a la ejecución de la prisión preventiva de los imputados.
PIDEN IMPUNIDAD
La suspensión a la ejecución de la prisión preventiva significa que se paraliza de forma temporal la aplicación de la medida de la prisión, lo que permite al imputado seguir el proceso en libertad bajo ciertas condiciones. Es una medida alternativa a la cárcel, que no implica que la prisión preventiva sea cancelada definitivamente, sino que su cumplimiento efectivo se pospone mientras se cumplan las reglas impuestas por el juez.
