En una mañana cargada de tensión política y maniobras oscuras, el equipo del suspendido intendente Miguel Prieto desató lo que varios ya califican como una jugada de corte mafioso, en un desesperado intento de frenar lo que parece ser el principio del fin para el jefe comunal.
Mientras la Comisión Especial de la Cámara de Diputados emitía un dictamen de mayoría a favor de la destitución de Prieto, se filtraban a medios de comunicación supuestos audios comprometidos del interventor Ramón Ramírez.
“Violentaron la institución municipal, destruyeron la intendencia y no les importó nada con tal de proteger a Prieto”, declaró un indignado Ramírez en conferencia de prensa esta mañana, quien denunció públicamente la instalación ilegal de equipos de escucha dentro de la sede municipal.
Según el interventor, se trató de una maniobra planificada por personas ligadas al oficialismo municipal, decididas a sabotear la investigación. La filtración de audios habría sido parte de una estrategia para desacreditar el dictamen técnico que ya está en manos del Congreso.
“Reconozco que es mi voz”, dijo inicialmente, “pero no puedo validar el contenido de esos audios. Están claramente cortados y editados. Se nota que en un momento habló con alguien y, de repente, estoy hablando con otra persona. Es una manipulación absurda”.
La situación se torna aún más grave cuando el propio interventor revela que recibió amenazas de muerte por parte de sectores interesados en proteger a Prieto. “Están en la Fiscalía, no lo publiqué antes para que la discusión no se desvíe”, aseguró.
A pesar de la guerra sucia y los ataques personales, Ramírez se mantiene firme y orgulloso con “el trabajo técnico sólido”. No tenemos nada que ocultar. Nuestro informe está a toda prueba. Esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de legalidad y transparencia”, finalizó.
