La caja paralela que se montó en la Intendencia Municipal de Ciudad del Este para robar en forma directa las recaudaciones, plata que los ciudadanos pagaban a la común, ya era bien conocida. Ahora salen quienes formaban parte del esquema. El “jefe” es Miguel Prieto Vallejos, intendente separado por corrupción. Le sigue Maribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto, ex jefa de Impuestos Inmobiliarios. Completan: Hugo Benítez, Iván Portillo, Nelson Segovia, Marcelo Silvera. De todos los mencionados, solo Benítez sigue en la comuna. Prieto presentó una denuncia sobre la caja paralela, pero sin mencionar a los responsables, y lo mandó cajonear en el Ministerio Público como hizo con las otras denuncias de corrupción en su contra.
Los datos y los documentos muestran que el esquema de robo de dinero en la comuna comenzaba con la jefa de Impuestos Inmobiliarios, Maribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; Hugo Benítez, “secre” y socio de tragos de Prieto; Iván Portillo, hijo del concejal departamental rastrero Enrique Portillo, “tío Henry”, conocido hurrero de Prieto. Iván fue sacado de la dirección financiera cuando sofisticó el esquema de fraude y desvió más dinero para él que para los jefes.
Hugo Benítez, amigo de tragos y “secre” recaudador del suspendido intendente, supervisaba las operaciones ilegales en las diferentes oficinas y ponía “satélites” en reparticiones clave para tener bajo control el esquema. Su esposa Griselda Figueredo quiere ser por segunda vez senadora. Ambos formaban una familia de clase media, y ahora saltaron a la de los opulentos.
Nelson Segovia y Marcelo Silvera eran ejecutores directos de los operativos fraudulentos, manipulando hasta el usuario de sus jefes para alterar datos de contribuyentes y hacer funcionar las cajas paralelas. Todos son tan culpables como Miguel Prieto, y deben pagar por sus actos. Todos se exponen a 10 años de cárcel.
Prieto ante los medios de prensa de Asunción, al admitir el caso de nepoprimos, trató en vano de justificar la contratación de su prima y primos.
Miguel Prieto había afirmado que Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, fue contratada para “combatir” el esquema de robos en la dirección de Impuesto Inmobiliario, pero las evidencias muestran que la llevó para montar y ejecutar su esquema de saqueos a los ciudadanos que pagan impuesto por la tenencia de tierra.
Prieto salió a responder a las denuncias hechas por el interventor Ramón Ramírez, en el Ministerio Público de Ciudad del Este. Señalo que la “caja paralela” ya había sido detectada y denunciada por su gestión a inicios de año. Sin embargo, los documentos muestran que su versión no coincide con los hechos.
Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo — hecho que admitió el cesado jefe comunal a los medios de prensa de la capital del país y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario.

Miguel Prieto Vallejos
Había afirmado que las recaudaciones aumentaron, pero los datos estadísticos también lo contrariarían.
El control realizado por la intervención al sistema SIGEM, donde se detectaron pagos millonarios, registrados como efectuados en enero de 2025, que no figuran en la Tesorería de la Comuna. Entre las operaciones cuestionadas figuran movimientos en las cajas 6 y 8, con usuarios y cajeros asignados que no coinciden con los registros oficiales.
Una de las principales metidas en el esquema de robo directo del dinero público aparece Meribeb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; le sigue Iván Giovanni Vera Morel, hijo del concejal Tío Henri, conocido hurrero de Prieto; y Micaela Herrera.
Pero la lista es más extensa e incluye a su “secre” recaudador, quien funge de jefe de gabinete, Hugo Benítez, quien es el esposo de Griselda Figueredo, quien nuevamente está queriendo ser senadora; la primera vez el pueblo le bajó el pulgar.
En base a los datos de la auditoría, se tiene que varios comprobantes presentan fechas y montos válidos en el sistema, pero no corresponden a arqueos reales de caja.
Prieto sostiene que su administración detectó casi G. 900 millones de irregularidades y que removió a responsables. Sin embargo, la denuncia que él presentó solo menciona a dos funcionarios por “lesión de confianza” y omite toda referencia a su prima, a quien ocultó y defendió públicamente como “demasiado honesta para estar ahí”.
La intervención, en cambio, documentó pagos inconsistentes, usuarios con perfiles alterados y respaldos digitales que indican manipulaciones del sistema. Entre las pruebas remitidas se incluyen memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos informáticos.
El Ministerio Público tiene a su cargo comprobar si existieron maniobras para registrar pagos ficticios, hecho comprobado por la Intervención, y si los fondos ingresaron efectivamente a la Municipalidad. Tanto Maribeb Alonzo Vallejos como los demás implicados podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión.