La Contraloría General de la República emitió el informe final sobre la auditoría realizada en la comuna de Juan León Mallorquín, a cargo del intendente Elvio Coronel, en 2024. Se detectaron graves irregularidades en el manejo del dinero público. Ahora el organismo, a través de la Auditoría Forense, prepara el reporte de hechos punibles por los daños patrimoniales detectados. Esto significa que enviará una denuncia formal al Ministerio Público para que el jefe comunal sea imputado por los ilícitos. El jefe comunal, tratando de confundir a la ciudadanía, en un comunicado dice que la Contraloría solo le hizo recomendaciones, que es una mentira.
La auditoría se hizo hace un año, pero recién en julio de 2025 se emitió el informe final donde se indica que los responsables de la auditoría forense se encargarán de profundizar y elevar el reporte de hechos punibles al Ministerio Público en base a las irregularidades, tipificadas como dolo, encontradas en la gestión de Elvio Coronel. Se presume un enorme daño patrimonial en el ejercicio de 2023 y de enero a julio de 2024.
La Contraloría General de la República (CGR), mediante la Resolución N.° 592/24, presentó el informe final de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la Municipalidad de Dr. Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y enero-julio 2024.
El documento revela numerosas irregularidades administrativas y financieras, con posibles indicios de hechos punibles contra el patrimonio público.
Entre las observaciones más relevantes figuran:
Uso indebido de partidas presupuestarias para gastos de catering, artículos de limpieza y productos alimenticios, registrándolos como “servicios de ceremonial”.
Contrataciones sin cumplir la Ley de Contrataciones Públicas, tanto para servicios de catering como ceremoniales.
Adquisición prohibida de alimentos y bebidas para funcionarios.
Compra de combustibles sin tarjetas magnéticas y con recursos de regalías y compensaciones.
Emisión de cheques al portador por sumas millonarias, en lugar de transferencias electrónicas mediante el SIPAP.
Aportes y subsidios a organizaciones y personas sin documentación respaldatoria exigida por ley.
Ausencia de rendiciones de cuentas trimestrales en carácter de declaración jurada.
El informe detalla montos significativos:
- 288 millones en cheques al portador en 2023.
Transferencias de fondos a entidades privadas por G. 315 millones, usando cheque y no el sistema SIPAP. Fue en 2023.
- 640 millones en aportes a instituciones privadas sin fines de lucro entre enero y julio de 2024.
Más de G. 70 millones otorgados a organizaciones de agricultores sin requisitos legales.
Pago de honorarios por 50 millones de guaraníes, usando recursos de royalties, que es totalmente ilegal.
Transferencias realizadas por G. 114 millones, usando cheques, y no el sistema SIPAP, como establecen las disposiciones legales sobre manejo del dinero público.
La CGR anunció que realizará una mesa de trabajo con la Dirección de Auditoría Forense para evaluar la pertinencia de remitir el caso al Ministerio Público por posibles hechos punibles contra el patrimonio público.
