Concejales rastreros de Miguel Prieto Vallejos, intendente separado del cargo por corrupción generalizada, se desesperaron el miércoles 23, cuando se informó con documentos sobre el esquema de robo simulando transferencias a comisiones vecinales. El concejal Víctor “viático” Torales le dijo “inventor” al interventor Ramón Ramírez, diciendo que las obras fueron realizadas a través de las comisiones, cuando nunca se dijo que las obras no estaban, sí el sistema usado. El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, con dos imputaciones por corrupción, dijo lo mismo. Los dos estaban totalmente perdidos, atendiendo a que los cuestionamientos no son de los concejales, sino del jefe comunal cesado. Los dos no mostraron ningún documento.
Victor Torales cree que es el fantasma Gasparín.
Mientras el interventor Ramón Isidro Ramírez mostraba los documentos que confirman el esquema de simulación de transferencias a comisiones vecinales para eludir los controles y manipular los procesos, los concejales rastreros se desesperaron. Los ediles no mostraron un solo documento al tratar de desmentir la contundencia de la denuncia que estaba realizando el interventor.
Los concejales rastreros están totalmente desorientados, perdidos, porque la intervención no es contra ellos, es contra el intendente; ellos son del legislativo, no del ejecutivo. Ellos son contralores, no ordenadores de gastos. Si no saben esto, ¿qué hacen allí en la Junta Municipal?
«Yo fui parte de la administración en el 2020 y trabajé en este tema. “El mismo decreto del Ministerio de Economía y Finanzas establece que los municipios pueden transferir fondos a organizaciones sin fines de lucro, como las comisiones vecinales, porque cumplen una función clave en el desarrollo local”, explicó Martínez al diario Ultima Hora.
Sí, el concejal rastrero fue parte de la administración de Prieto y por eso está con dos imputaciones por robo en pandemia. Mientras paraguayos morían por culpa del coronavirus, ellos estaban facturando.
Martínez detalló que las comisiones vecinales se constituyen por iniciativa de los propios ciudadanos, cumplen con los requisitos legales –como la inscripción en Hacienda y el reconocimiento municipal– y presentan sus proyectos a la Comuna para acceder a los aportes. “La Municipalidad solo articula. No impone, no decide por ellas. “Se limita a canalizar el pedido”, aseguró.
Lo revelan los documentos, no son palabras; es que los proyectos se elaboran en la comuna, el dinero no es manejado por las comisiones, sino por los funcionarios municipales. Si esto es así, ¿por qué ya no se realiza un proceso de licitación conforme a la Ley de Contrataciones Públicas?
El concejal también se refirió a la acusación sobre pagos adelantados a proveedores. “¿Cómo va a tener culpa la Municipalidad de que una empresa esté esperando en la puerta cada vez que una comisión viene con un proyecto? Las comisiones eligen entre oferentes, aunque no están obligadas. Eligen al más barato y pagan. Todo queda documentado en actas y fotos. “¿Dónde está la ilegalidad?”, retrucó.
Sí es ilegal. No se puede pagar antes de adjudicar. Si paga antes de adjudicar, es porque se manipuló. Se amañó. Es totalmente ilegal, y claro que el ordenador de gastos es el responsable, lo dice la Ley. Es el intendente Miguel Prieto, ahora cesado en el cargo por corrupción, y no los concejales quienes son contralores.
Cuestionó además que se intente presentar el proceso como un esquema de corrupción. “¿Desde cuándo ayudar a los vecinos es delito? ¿Desde cuándo llevar obras a los barrios es motivo de intervención? Que vengan y vean si existe una sola obra fantasma. “Cada guaraní invertido está en la calle, en caños, en empedrados, en mejoras concretas”, añadió.
Nadie habló de obras fantasmas. Una monumental obra fantasma está en la terminal, y si no lo ves es porque es fantasma.
Martínez fue más allá y planteó que las sospechas vienen desde sectores molestos por el impacto positivo de la gestión de Prieto. “Esta Municipalidad hizo lo que otras nunca quisieron hacer: escuchar a los barrios. Pero eso molesta en Asunción, donde sí están acostumbrados a desviar fondos y hacer cosas turbias”, disparó.
Esto se responde con una frase bíblica: «Ve la paja en el ojo ajeno, y no ve la viga en su ojo».
Sobre las sospechas de favoritismo hacia ciertas empresas (caso Tajy), el presidente de la Junta fue tajante: “Si una empresa se relacionaba mejor con las comisiones, eso es un tema entre privados. Que se investigue. “Pero jamás hubo un circuito montado para delinquir, como quieren hacer creer”, alegó.
Las facturas de Tajy Servicios Generales son correlativas, o sea, la comuna era su cliente, y cómo es que casi todas las empresas están vinculadas al intendente cesado y a los concejales.
Finalmente, Martínez convocó públicamente a las comisiones vecinales a presentarse ante el interventor. “Él dice que ustedes fueron víctimas. ¿Víctimas de qué? ¿De recibir ayuda para obras? Que les dé la cara. Que los reciba. Y que deje de especular desde una oficina con aire acondicionado”, lanzó.
¿Por qué no muestran los documentos?
