Son varias las empresas de maletín que fueron creadas y usadas por el esquema que montó Miguel Prieto Vallejos, intendente separado del cargo por corrupción. Una de ellas fue Tajy Servicios Generales, de la ciudad de Mallorquín, que no operaba, y que figuraba a nombre de Buena Ventura Morínigo, quien es tío de Emili Vanesa Florentín Páez, expareja de Prieto, y ambos están imputados. La citada Emili Vanesa figuraba como potentada empresaria, pero luego apareció como funcionaria municipal, planillera.
Son al menos tres las empresas que Prieto y sus lacayos montaron junto a su expareja, Vanesa Florentín, para chuparse la plata de los ciudadanos. Además de Tajy Servicios Generales, están Vanemi S.A. y Paraná Perforaciones, donde aparece como dueño Bernardino Florentín, papá de Vanesa. Bernardino es un hurrero de la época stronista. William Florentín, tío de Vanesa; figuraba en la comuna como asesor, pero fungía de director de la Policía Municipal de Tránsito.
O sea, como se puede ver, el intendente cesado por corrupción montaba sus esquemas para robar al pueblo en “familia”.
Todos estos datos ya eran conocidos, pero ahora se confirman y lo más importante: con documentos.
DOCUMENTOS: FACTURAS DE TAJY CORRELATIVAS. SOLO FACTURABA A LA COMUNA DE CIUDAD DEL ESTE.
Son estos documentos que muestran que Tajy Servicios Generales emitía a la comuna facturas correlativas; esto quiere decir que el único cliente que tenía dicha empresa de maletín era la comuna de Ciudad del Este, a cargo de Prieto.
Estos documentos muestran cómo se roba en la comuna de Ciudad del Este y, sobre todo, dicen quiénes son los responsables.
Sobre este punto, la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este confirmó que varias de las empresas que fueron adjudicadas con fondos públicos entre 2020 y 2022 fueron creadas poco antes de recibir los contratos o constituidas exclusivamente para ejecutar las obras. Una de las firmas beneficiadas, Tajy Servicios Generales, cuyos responsables ya están imputados junto al intendente separado del cargo por corrupción, Miguel Prieto Vallejos, por el Ministerio Público en una causa por lesión de confianza.
DOCUMENTOS: ASÍ MANIPULABAN LAS ADJUDICACIONES EN EL ESQUEMA DE ROBO DE MIGUEL PRIETO
La investigación realizada por el equipo interventor reveló que el esquema de transferencias irregulares utilizado por la Municipalidad de Ciudad del Este no solo evitaba los procesos licitatorios a través del uso de comisiones vecinales como pantalla, sino que además beneficiaba a empresas constituidas específicamente para ejecutar esas obras.
En la revisión de expedientes del ejercicio fiscal 2020, se comprobó que varias de las firmas adjudicadas no tenían trayectoria previa ni experiencia en el rubro, y coincidían sospechosamente con los montos aprobados por el municipio, lo que indica una coordinación previa y direccionamiento claro. “Estas empresas, al parecer, no competían, sino que ya sabían exactamente cuánto ofertar para quedarse con el contrato”, señala el documento oficial de la intervención.
Uno de los casos más representativos es el de Tajy Servicios Generales, que fue adjudicada en al menos seis transferencias por G. 110.000.000 cada una, en coincidencia exacta con los montos previamente aprobados. Esta firma figura entre las ofertantes con precios idénticos a los establecidos por la Municipalidad, lo que, según el informe, refleja una “adivinanza perfecta” del monto a ofertar, cuestionando seriamente la existencia de un proceso competitivo real.
Emili Vanesa Florentín Páez
Tajy Servicios Generales es propiedad de Buena Ventura Morínigo, quien actualmente se encuentra imputado por el Ministerio Público, junto al exintendente Miguel Prieto y otros funcionarios municipales, por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La intervención sostiene que este caso representa solo uno de los varios en los que se habrían utilizado empresas de fachada para canalizar fondos mediante transferencias simuladas.
Además, se verificó que en varios casos las ofertas presentadas por las demás empresas también rondaban exactamente el mismo monto aprobado, apenas superándolo por cifras simbólicas, lo que refuerza la hipótesis de que el resultado ya estaba acordado previamente.
El interventor, Ramón Ramírez, advirtió que estas prácticas no son meras desprolijidades administrativas, sino parte de un esquema sistemático para evadir controles, montar procesos simulados y direccionar fondos públicos a firmas previamente seleccionadas, muchas de ellas creadas únicamente para ese fin.
