En Ciudad del Este, gremios del transporte privado han iniciado una ofensiva contra universidades que ofrecen un servicio gratuito y exclusivo de transporte a sus estudiantes. Alegando una supuesta competencia desleal, estos sectores presionan a la Municipalidad para eliminar un beneficio que, lejos de representar una amenaza comercial, es un apoyo clave para la formación de miles de jóvenes.
El servicio universitario no tiene fines de lucro, no cobra pasajes ni presta servicios a terceros. Está destinado exclusivamente a estudiantes que deben movilizarse entre hospitales universitarios, laboratorios, centros tecnológicos y aulas. A pesar de ello, algunos gremios actúan con evidente mala fe, atacando un servicio que no les afecta, movidos únicamente por intereses económicos.
Además, debe entenderse que el transporte interno ofrecido por las universidades es un complemento voluntario a su actividad educativa. Se financia con recursos propios y tiene como único fin facilitar la vida académica del estudiante. Por ello, lo esperable es que puedan ejercer su labor en libertad y en paz, dentro del respeto de las normativas municipales vigentes, sin interferencias externas que obstaculicen su compromiso con la formación.
Vale recordar también que el funcionamiento de universidades privadas de alto nivel en Ciudad del Este representa una enorme contribución al desarrollo local. Estas instituciones atraen a miles de estudiantes nacionales e internacionales, generan empleo directo e indirecto y sostienen un flujo permanente de actividad económica. El impacto es claro: los estudiantes alquilan, consumen, se alimentan, se recrean y, para sus actividades no académicas, utilizan los servicios de transporte privado convencional. Atacar el servicio interno gratuito por no poder beneficiarse de él no es más que la expresión de una pérdida de oportunidad de lucro, que, lejos de beneficiar, perjudica a toda la comunidad educativa.
Mientras en otras ciudades del país se han implementado experiencias solidarias como el Che Bus en Encarnación —un proyecto de transporte estudiantil gratuito nacido del acuerdo entre autoridades municipales y empresas privadas—, en Ciudad del Este las universidades asumen solas esa responsabilidad, sin apoyo estatal ni convenios públicos. En lugar de aplaudir esa iniciativa, algunos grupos optan por entorpecerla, revelando así su verdadera motivación.
Lo que está en juego no es un negocio: es el acceso al conocimiento, la permanencia en las aulas, la igualdad de oportunidades. Pero todo eso parece no importar a quienes solo ven en cada estudiante un pasaje no cobrado.
No se trata de competencia. Se trata de codicia.
Impulsar ataques a un servicio desinteresado al alumnado solo para proteger ingresos propios revela la verdadera motivación de estos gremios: no quieren alternativas solidarias, no quieren soluciones gratuitas, no quieren perder control. Y si para eso deben obstaculizar la educación, lo harán sin reparo.
Frente a esa avaricia, es necesario reafirmar lo esencial: la educación no es una amenaza ni una mercancía. Es un derecho.
