Los senadores brasileños quieren saber por qué la tarifa de Itaipú no bajó después de que se haya pagado toda la deuda de la binacional. La comisión de Transparencia, Fiscalización y Control del Senado aprobó una petición para que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) audite el acuerdo firmado en la entidad por paraguayos y brasileños que posibilitó mantener la tarifa alta para ellos. El senador Sergio Moro, quien tuvo a su cargo la redacción del documento, dice que no se viola la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que prohibió al TCU auditar en forma directa a Itaipú; en este caso se va a auditar la Empresa Brasileña de Energía Nuclear y Binacionales (ENBPar), específicamente el acuerdo.
La Comisión de Transparencia, Fiscalización y Control (CTFC) del Senador Federal del Brasil aprobó el martes (6) una propuesta solicitando al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que investigue la actuación de la Empresa Brasileña de Energía Nuclear y Binacionales (ENBPar) en un acuerdo firmado con la empresa paraguaya Administración Nacional de Electricidad (Ande) e Itaipú Binacional. El objetivo es investigar los impactos financieros y jurídicos de este acuerdo, que trata del mantenimiento de la tarifa de energía de la usina de Itaipú.
La Propuesta de Fiscalización y Control (PFS) 1/2025, presentada por los senadores Esperidião Amin y Doctor Hiran, pretende aclarar los términos de un acuerdo firmado en 2024 que mantenía la tarifa eléctrica de Itaipú para Brasil en 16,71 dólares/kW hasta 2026, a pesar de la liquidación de la deuda de construcción de la central en 2023.
Senador Sergio Moro.
Según el acuerdo anterior, se esperaba que este reembolso resultase en una revisión de las bases financieras del Anexo C del Tratado de Itaipú y, consecuentemente, en una reducción de las tarifas.
ENBPar, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, y Ande (responsable de la generación, transmisión y distribución de energía en Paraguay) comparten el control de Itaipú Binacional.
Los autores de la propuesta afirman que, en lugar de iniciar este proceso con antelación, el Gobierno brasileño «destinó los recursos previamente asignados al pago de la deuda a programas de “responsabilidad socioambiental”, impidiendo que los consumidores brasileños se beneficiaran de una reducción de las tarifas de la energía generada por Itaipú».
En 2023, todo el paquete de préstamos contraído por Brasil para construir este proyecto épico quedó saldado. (…) Los costos de la energía, obviamente, han bajado. El activo es completamente solvente. Lo que está ocurriendo es algo muy creativo: «Itaipú Binacional se ha convertido en socio del gobierno», afirmó Esperidião Amin.
El senador Sergio Moro, quien tendrá a su cargo la redacción de la medida, acogió con satisfacción la propuesta y destacó la importancia de controlar ante la negativa de ENBPar a divulgar los términos del acuerdo, incluso después de haber recibido la orden de hacerlo de la Contraloría General de la Unión (CGU).
La omisión, según Moro, viola el principio de publicidad establecido en el artículo 37 de la Constitución Federal del Brasil.
De hecho, la falta de compromiso con el principio de publicidad que ENBPar demuestra al desobedecer la decisión de la CGU levanta sospechas sobre la legalidad y la sostenibilidad del acuerdo firmado e impide que la sociedad brasileña lo evalúe, poniendo en peligro la confianza de la población en las instituciones públicas, dijo el legislador.
El informe también alerta sobre posibles pérdidas financieras resultantes del acuerdo, como el déficit en la Cuenta de Comercialización de Electricidad de Itaipú en 2024 y la posibilidad de contribuciones del Tesoro Nacional (brasileño) a ENBPar para cubrir pérdidas. Entre los puntos a ser investigados están: los riesgos para la ENBPar, el Tesoro y los consumidores; las causas del déficit de 2024; la posibilidad de nuevos déficits y sus consecuencias; y los montos y criterios de aplicación de los fondos a los programas socioambientales.
Moro aclaró que el PFS no contradice una decisión anterior del Supremo Tribunal Federal (STF), que prohibió la fiscalización directa del TCU sobre Itaipú Binacional, porque la propuesta se limita a auditar a ENBPar, una empresa pública brasileña sobre la que el organismo tiene poderes constitucionales de fiscalización.
