El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, sigue negándose a someterse a la justicia. Ante la inminente tercera imputación por corrupción, el jefe comunal ya inició con la chicanería y busca desesperadamente apartar a los fiscales que lo investigan. Es en el caso de la escandalosa sobrefacturación de la costanera “Ñande Renda”, donde hay audios filtrados donde se revelan como los recaudadores de Prieto, entre ellos su “secre” Hugo Benítez, iban a retirar la plata de la coima. Prieto, antes que defenderse y con documentos demostrar que es inocente, recurre a la chicanería.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, presentó una recusación con expresión de causa contra los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal. La presentación se enmarca en las causas N° 6109/2020, por supuesta lesión de confianza, y N° 7644/2021, vinculada a supuesto hecho punible contra el patrimonio. Prieto alega que busca que las investigaciones sean conducidas por “agentes fiscales objetivos” y habla de supuestas graves irregularidades que comprometen su derecho a la defensa.
En su presentación, Prieto denuncia que los fiscales negaron reiteradamente incorporar a la carpeta fiscal una pericia realizada el 17 de marzo de 2022 por el Ministerio Público. Según el intendente, esta pericia, que fue ordenada el 7 de marzo de ese año, habría demostrado la ausencia de daño patrimonial en las obras investigadas. La defensa solicitó en varias oportunidades que los fiscales intimaran al perito designado, Mateo Nakayama, para la presentación del informe. Sin embargo, los fiscales alegaron falta de confianza en la pericia realizada y ordenaron una nueva pericia a la arquitecta María José Aguirre, cuyos resultados también fueron favorables, confirmando que no hubo perjuicio patrimonial con relación a una serie de obras realizadas en la ciudad, específicamente en el proyecto denominado «Costanera Ñande Renda». Estas obras fueron ejecutadas en el marco de un plan municipal que buscaba impulsar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que hubo irregularidades en su ejecución, lo que habría generado un perjuicio económico a las arcas municipales.
Además, Prieto afirma que la nueva pericia se llevó a cabo sin notificar a la defensa técnica, lo que constituye una violación al derecho a la defensa y al principio de objetividad. Según el escrito, estas acciones comprometen gravemente los criterios de actuación del Ministerio Público establecidos en el artículo 54 del Código Procesal Penal, vulnerando principios constitucionales fundamentales.
La recusación también incluye a la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, a quien se acusa de permitir que los fiscales bajo su cargo actúen con arbitrariedad. Según Prieto, Machuca ha rechazado sistemáticamente todas las recusaciones presentadas en causas similares, lo que genera dudas sobre su imparcialidad y su capacidad para garantizar un análisis objetivo y justo de los planteamientos de la defensa.
Prieto solicita que las causas sean investigadas por “fiscales que no respondan a intereses políticos y que actúen con objetividad”, tal como lo exige el artículo 57 del Código Procesal Penal. Asimismo, pide la remisión inmediata de los legajos de investigación a la Fiscalía General del Estado, a fin de que el superior del Ministerio Público resuelva la recusación planteada.
El intendente enfatiza que esta acción no busca entorpecer las investigaciones, sino asegurar que sean llevadas adelante por los mejores profesionales del Ministerio Público, quienes constituyan una garantía para la eficiencia y la transparencia de los procesos judiciales.
Con información de El Observador
