Concejales rastreros de Ciudad del Este mintieron a vecinos de un barrio residencial sobre la construcción de un edificio boutique de 7 pisos, violando las ordenanzas municipales. El concejal rastrero imputado por corrupción, Sebastián Martínez, y funcionarios municipales dijeron que aún no se aprobaron los planos. Pero los documentos dicen que sí ya se aprobó. Y para colmo detectaron una descomunal evasión del impuesto a la construcción. Así se maneja el Clan Prieto.
El edificio cuestionado es un emprendimiento que se denomina “Magnolia” y es de Cresia, del grupo Codas Vuyk. Es un edificio boutique con 7 pisos. En el lugar no se puede construir un edificio con más de 4 pisos. Los documentos dicen: “Vivo Paraguay”.
Este no es un caso aislado. El intendente de CDE, Miguel Prieto Vallejos, también aprobó la construcción de un edificio de más de 7 pisos a orillas del Lago de la República, donde no se puede edificar con más de 4 pisos.
La autorización para construir un edificio de 7 pisos en una zona donde está prohibido ese tipo de edificaciones es un feroz fato del intendente Prieto y de algunos de sus concejales rastreros.
El concejal imputado, dos veces, por corrupción, Sebastián Martínez, se fue a burlarse de los vecinos diciéndoles que el plano aún no se aprobó. Cuando sí, ya se aprobó, y evadiendo impuestos.
Pero al escuchar hablar a Martínez, ya dejaba entrever que estaba mintiendo y que ellos dejarían que concrete la construcción del edificio de 7 pisos. Para Seba Martínez y otros concejales rastreros, los reclamos de la ciudadanía no tienen lugar, sí la plata.
El edificio de siete pisos que se está comenzando a construir en una minúscula propiedad en el barrio Boquerón, aunque sería ya el barrio Amambay, de Ciudad del Este, es una zona residencial que por ordenanza permite solamente la edificación de hasta cuatro plantas.
De acuerdo a las denuncias, los concejales Sebastián Martínez, Pedro Acuña y Alison Anisimoff encabezaron este descomunal negociado a costas de las arcas municipales, ya que, violando las normas vigentes, permitieron la construcción ilegal, y de 114.000.000 de guaraníes de impuestos que debían pagar los dueños, abonaron solamente 11.000.000 de guaraníes.
Indignados, los vecinos de ese barrio salieron nuevamente a la calle a protestar, y ya confirmaron que interpondrán un recurso de amparo para impedir que el proyecto sea ejecutado. Es más, descubrieron que los concejales rastreros de Miguel Prieto les mintieron asquerosamente, ya que durante una reunión el 6 de diciembre último, les dijeron que tal obra “no está aprobada”.
Pero se encontraron con la resolución de aprobación de planos y planillas del edificio, con fecha 26 de noviembre, o sea, 10 días antes de la reunión con los concejales rastreros, donde fueron vilmente engañados.
El emprendimiento pertenece a la empresa “Vivo Paraguay SA”, que pagó en concepto de impuesto a la construcción solamente la suma de 11.234.666 (once millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis) guaraníes, monto 10 veces menor de lo que en realidad debían abonar.
Los vecinos que denuncian esta irregularidad fueron a buscar los documentos de esta obra, y se encontraron con una preliquidación de impuesto a la construcción que alcanza la suma de 114.606.035 guaraníes. La diferencia de este monto habría ido a parar a los bolsillos de estos concejales corruptos, que así violan la ordenanza que establece como zona residencial al barrio Boquerón.
Con información de radio Concierto
