El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, armó un esquema para robar en plena pandemia mientras miles de paraguayos morían a causa del coronavirus. Son parte de esto funcionarios leales al mismo como Francisco «Fran» Arrua y Sebastián Martínez, quien ahora es concejal. Además de allegados como ser su ex pareja y actual funcionaria, Emili Vanesa Florentín. Además de firmas proveedoras que deben ser borradas del Sistema de Proveedores del Estado paraguayo.
El fiscal Silvio Corbeta, uno de los tres acusadores en la causa por lesión de confianza, administración en provecho propio, contra Prieto, a partir de presuntas licitaciones direccionadas por vía de la excepción a su expareja y familiares de la ahora acusada.
El agente del Ministerio Público dio detalles del requerimiento conjunto presentado al Juzgado de Garantías, junto con las fiscales Alma Zayas y María Verónica Valdez, para Prieto y otros 10 acusados, entre los que figuran funcionarios leales al intendente en puestos claves como Dirección Administrativa, Unidad Operativa de Contrataciones por un lado y por el otro proveedoras «mimadas» de su administración.
Para nosotros en Ciudad del Este está conformado un esquema de corrupción pública encabezado por el intendente y otros funcionarios designados en cargos de confianza», expresó el fiscal, en contacto con el Observador de Ñandutí.
Ya tenemos el ejemplo del caso anterior por el cual fue acusado, donde se da el mismo modo operandi, donde el perjuicio fue de G 2.100 millones; en este caso en particular el perjuicio fue menor, fue de 306 millones de horas, pero lo que sí que básicamente fue el mismo modus operandi, por ejemplo, direcciones internas de la Municipalidad promueven el llamado a licitación utilizando como excusas como justificativo la pandemia.
«El caso anterior es fundamental porque revela un modus operandi y el establecimiento de roles de funcionarios de confianza de Prieto, quienes tenían autonomía de decisión, pero sus roles eran violar los intereses municipales y tomar decisiones que perjudiquen a la municipalidad, siguiendo procesos que les convenían, para luego cerrar licitaciones con parientes», enfatizó el fiscal.
Con respecto a los roles de este esquema, Corbeta hizo mención, por ejemplo, al caso de la Dirección Operativa de Contrataciones Públicas, del Municipio de CDE, «emitía un dictamen para darle viabilidad a ese modo de excepción y nuevamente esto era refrendado por el mismo intendente y de esa manera la convocatoria se realizaba por esta vía». No era algo casual realizado por la intendencia, ya que se dio en el caso anterior y se vuelve a ver en este caso, con el objeto de reducir la cantidad de oferentes», explicó.
Otros elementos que sustentan la acusación tienen que ver con informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que confirmó que la licitación para la provisión de insumos para alimentos no cumplía los requerimientos para su convocatoria por la vía de la excepción y más aún en el contexto de la pandemia sanitaria.
A esto debe agregarse el hecho de que la empresa Tajy figura como empresa de construcción, pero que al vez fungía como proveedora de alimentos. «»Tenemos principalmente los dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el legajo íntegro de la licitación donde se puede ver todo el procedimiento desde el inicio, cómo se genera esta licitación»».
Hicimos seguimiento del dinero y las mercaderías. Si bien la estrategia defendida refiere, además de persecución política, que los alimentos son de carácter fungible, nadie discute eso, pero eso no quiere decir que no se determine de quienes se compró, o a quien Tavy subproveyó para entregar.
Lo que se puede considerar como otro elemento de gravedad sobre la acusación es que a pesar de la adjudicación, los alimentos no fueron entregados, remarcó el agente del Ministerio Público.
