El Gobierno del Brasil está siendo obligado por la Justicia Federal a reforzar el sistema de seguridad en el Lago de Itaipú y en el río Paraná, para evitar actividades ilegales como el contrabando y el tráfico de drogas y armas. En las márgenes del embalse de la Binacional y del río que sirve de frontera con el Paraguay pululan los puertos clandestinos. La determinación judicial exige que los organismo de seguridad realicen un control intensivo permanente para evitar el paso de embarcaciones en forma ilegal.
El Ministerio Público Federal (MPF) en Foz de Yguazú, recordó que está corriendo el plazo para que la Unión (Gobierno federal), comience a cumplir la sentencia que determina la elaboración y ejecución de planes que amplían la efectiva fiscalización del Lago de Itaipú y del Río Paraná. El plazo para el cumplimiento de la decisión había comenzado el 15 de diciembre pasado. La Unión recurrió al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), pero, aun no logrando éxito en la solicitud, por lo que debe cumplir la decisión judicial.
La sentencia de diciembre pasado estipuló un plazo de 12 meses para elaboración y de 18 meses para la plena ejecución de un plan específico, con metas y cronograma, que amplíe efectivamente la seguridad en la región de frontera, con el Paraguay, por medio de fiscalización del Lago de Itaipú. En la misma decisión, el Poder Judicial también determinó la elaboración de un plan que amplíe la fiscalización en la región del Río Paraná (en el tramo comprendido entre la represa de Itaipú y el marco de las Tres Fronteras, en la desembocadura del Río Iguazú), determinando un plazo de seis meses para elaboración y de 18 meses para total ejecución.
De acuerdo con la decisión, los planes de fiscalización de esas regiones deben prever un incremento del efectivo de personal, sea por la dotación o formación de fuerzas de trabajo con otros órganos federales, de la Receita Federal, Fuerza Nacional de Seguridad, de la Policía Federal y de la Policía Marítima (Depom).
La negativa de la Unión a atender la decisión judicial, ya causó retraso de cuatro meses en la elaboración de los respectivos planes, llevando al MPF a manifestarse y al Poder Judicial a determinar el inmediato cumplimiento de la sentencia.
La acción civil pública fue presentada por el MPF en 2014 a partir de una investigación civil que constató fragilidad en el control de crímenes transnacionales, como tráfico de drogas y de armas en la frontera. En la acción, el MPF presentó datos sobre la violencia en la región de frontera, reportajes periodísticos; informes de visitas técnicas, en varios puntos de interés turístico, realizados por el Consejo Municipal de Turismo de Foz; estadísticos sobre el aumento del número de encuestas policiales en Foz.
