El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, debe someterse a la justicia, y responder por el robo en pandemia. Mientras miles de paraguayos morían o clamaban por ayuda, el jefe comunal y sus secuaces estaban concretando groseros negociados en nombre de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Las evidencias son contundentes contra el mismo y sus cómplices, entre ellos el concejal rastrero, Sebastián Martínez. La Corte Suprema de Justicia le dio una fuerte advertencia sobre las chicanas que está realizando, y le recordó que es una falta grave esto.
El intendente Prieto recusó a los miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Andrea Vera, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, solamente porque ellos actuaron con rapidez. Prieto se queja de la celeridad cuando todos los ciudadanos exigen celeridad a la administración de justicia.
Este Tribunal de Alzada rechazó precisamente una chicaneria de Prieto para dilatar el proceso en su contra, y la respuesta del jefe comunal fue otra chicana.
Pero las chicanas se le están terminando a Prieto, quien debe someterse a la Justicia y responder por el caso del robo en la compra de kits de alimentos por unos 500 mil dólares en forma directa de una despensa barrial «Tía Chela» que luego de la venta cerró sus puertas.
Pero además de haber tenido un duro revés, Prieto recibió una fuerte advertencia, o aka yepete, de la Corte, sobre las chicanas que viene haciendo para eludir a la Justicia.
El ministro Manuel Ramírez Candia recuerda a las partes que los derechos procesales deben ser ejercidos dentro de los límites legales y conforme con los fines que persigue el ordenamiento jurídico. La recusación no puede ser utilizada indiscriminadamente; de hecho, esta institución no ha sido creada para que las partes escojan libremente a los jueces o para que los separen cuando no estén de acuerdo con aquel que les haya correspondido juzgar.
«En el mismo sentido, pero aludiendo específicamente a la responsabilidad de los abogados, el Artículo 343 in fine del mismo cuerpo legal dispone: La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave».
Hay que recordar que junto a Prieto y al concejal Martínez, hay otros 10 funcionarios municipales procesados, entre ellos Francisco «Fran» Arrua, abogado que estaba al frente de Administración y Finanzas; ahora secretario general; y su ex pareja sentimental, Emili Vanessa Florentín, planillero actualmente.
Prieto siempre dijo que se va a someter a la Justicia ante los medios de prensa de Asunción, pero en accionar ante la Justicia chicanea para dilatar los procesos. Esto lo hace ante la contundencia de las evidencias que existen contra él.
