Es lamentable ver cómo las personas quienes fueron desalojados en la zona del km 4,5 de Ciudad del Este, y que sería parte de la ex Finca 66, se dejan manipular con fines políticos por corruptos. El imputado y principal responsable de la escala de violencia, el intendente de CDE, Miguel Prieto Vallejos, y su candidato a intendente, Daniel Mujica, fueron a hacer un show mediático para conseguir votos. Ellos se prestaron. Después fue la diputada libero-cartista, Roya Torres, imputada por el escándalo de su hijo planillero. De esta forma seguirán de la misma manera.
Roya Torres, diputada
Más de 20 familias fueron desalojadas en el barrio San Antonio, zona del km 4,5. Están bajo carpas. Estaban pidiendo solidaridad de los ciudadanos, pero es lamentable ver cómo los mismos se dejan manipular con fines políticos, por autoridades con imputaciones por corrupción.
Primero fue el intendente Prieto quien fue hasta la zona y le llevó a su candidato a intendente, considerado el cerebro de los esquemas de corrupción en la comuna, Daniel Mujica. Dijeron que fueron asistir. Pero en realidad fueron a hacer un show mediático para conseguir votos.
O sea, estaban usando a ese grupo de personas para pedir votos, mediante clientelismo político.
Cuando esto ocurría donde estuvieron las autoridades
Antes de llevar asistencia para pedir votos, Prieto debe hacer público el resultado de la mensura judicial de la ex Finca 66, y frenar los desalojos violentos. Con la mensura se podrá saber si hay o no terreno municipal en la zona, como afirma siempre Prieto.
El jefe comunal dijo en las redes sociales que se solidariza con los desalojos y que le estaba llevando ayuda, cuando en realidad los está usando para fines políticos.
Los seguidores de Prieto dijeron a los desalojados que fue el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quien mandó desalojarlos. Esto es para no responder sobre el resultado de la mensura judicial que Prieto lo tiene guardada.
Pero no fue el único. Luego fue la diputada libero-cartista, Roya Torres, como integrante de la comisión de DD. HH. La misma fue imputada junto con su hijo por el escándalo de pandillerismo, y su presencia no es precisamente para velar por los DD.HH., sino buscando limpiar su pésima imagen de legisladora y política.
Los ocupantes deben exigir una salida legal al tremendo problema social y no estar siendo manipulados por políticos y autoridades corruptas.
