La jueza en lo civil, Gabriela Maricel Meaurio Samudio, emplazo al oficial de Justicia quien tenía la orden de desalojo de la propiedad Locadora Atlantic S.A. en la denominada ex Finca 66, para que presente un informe sobre lo actuado. Es que hay denuncias sobre extralimitación en el procedimiento de desalojo. Debieron quitar a los ocupantes de una propiedad de 360 metros cuadrados, pero quitaron a 20 familias de 20 propiedades. Todo esto podría ser evitado si el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, diera a conocer el resultado de la mensura que ya se termino hace dos años atrás.
La magistrada señala que en base a denuncias que se hicieron por redes sociales y portales digitales, se presume que existió extralimitación en el procedimiento de desalojo.
O sea, el oficial de Justicia, y la Policía Nacional no cumplieron la orden judicial.
La magistrada Gabriela Maricel Meaurio Samudio, en base a la orden de desahucio ordeno que sean desalojados solamente los ocupantes de una propiedad de 360 metros cuadrados.
Pero el oficial de Justicia y los policiales quitaron a al menos 20 familias quienes estaban en una extensión de terreno de unas 2,1 hectáreas.
Ahora la jueza quiere saber por qué el oficial de Justicia y la Policía procedieron a desalojar a al menos 19 familias de diferentes terrenos usando irregularmente una orden firmada por ella.
Claramente la orden de desalojo habla de una propiedad de 360 metros cuadrados y no de 2.100 metros cuadrados. Y menciona a una familia, y no a 20 familias.
El desalojo se hizo en forma violenta. Resultaron heridos al menos cuatro policiales y varios civiles. Fueron movilizados al menos 500 funcionarios policiales para realizar el desalojo de una propiedad de solo 360 metros cuadrados.
Los enfrentamientos siguieron en la noche del martes, cuando hubo más detenidos y una patrullera fue atacada.
Todo esto pudo haber sido evitado con la mensura judicial que ya se hizo, pero sigue siendo escondido por el intendente Miguel Prieto Vallejos, para favorecer a inmobiliarias, algunas vinculadas a medios de prensa.
Mientras los abusos y la violencia en la ex Finca 66 sigue escalando, Prieto sigue escondiendo la mensura por cuestiones netamente política.
