El barrio cerrado del Paraná Country Club (PCC) ubicado en la ciudad de Hernandarias esta creando sus propias normas legales, desconociendo las leyes de la República del Paraguay. Comenzaron con la Policía de Tránsito. Tienen su propia norma, y su propia boleta de contravención. En el complejo residencial considerado guarida de traficantes y contrabandistas, no actúa la Policía Nacional, que queda afuera en una caseta y solamente cuando se les autoriza ingresan.
Dentro del barrio cerrado cada vez menos esta siendo usado las normas legales que rigen para todos los ciudadanos paraguayos. O se las leyes de la República del Paraguay. El articulo de la Constitución Nacional que dice que todos los paraguayos somos iguales ante la ley, es cosa muerta en el Paraná Country Club, donde la Carta Magna es pisoteada una y otra vez.
Entre los que manejan el complejo residencial cerrado hay influyentes empresarios como el tabacalero, José Ortiz Escauriza, que todos saben tiene fuerte influencia en el actual gobierno del presidente, Santiago Peña.
Allí están creando sus propias normas legales y comenzaron por la Policía de Tránsito. Ellos crearon su propio grupo de “zorros”. Tienen sus propias normas de transito aprobados por ellos mismos. Y su propia boleta de infracción que fue aprobado por ellos mismos.
Todo esto es ilegal.
Pero las cosas van más lejos. En el Paraná Country Club ni la Policía Nacional puede ingresar a actuar a no ser que tenga permiso. Allí hay un puesto policial de fachada.
Hay recordar que hasta impidieron el ingreso de una comitiva del Ministerio Público y la SENAD, permitiendo que escape un pez gordo del narcotráfico.
Sobre las normas de tránsito que los residentes del PCC crearon y los están implementando el perfil en Facebook, de la radio Transcontinental FM de Hernandarias público lo siguiente:
Los directivos del Consorcio Paraná Country Club están en el centro de la polémica tras un intento descarado de crear un grupo de funcionarios que ejercerían como Agentes de Tránsito Privados. Este movimiento, calificado como una grosera violación de la ley orgánica municipal, pretende otorgarles poder para multar a quienes infrinjan los reglamentos de tránsito dentro de las instalaciones del barrio cerrado.
Sin embargo, según la ley orgánica municipal, esta potestad es exclusiva y excluyente de la municipalidad, lo que deja claro que los directivos del Paraná Country Club carecen de la autoridad para implementar medidas de este tipo. Además, aunque se trate de un condominio privado, la legislación nacional sigue siendo aplicable en su territorio, lo que invalida aún más sus acciones en materia de tránsito.
Este no es el primer incidente de este tipo protagonizado por los directivos del Condominio, quienes han demostrado un historial de prepotencia y desprecio por las leyes nacionales. Con varios antecedentes nefastos de abuso a las leyes paraguayas, sus acciones reflejan un desprecio flagrante por el sistema legal del país.
Es crucial que se tomen medidas inmediatas para frenar estos intentos de usurpación de autoridad y para garantizar que se respeten las leyes y reglamentos municipales. La comunidad y las autoridades competentes deben estar atentas a estas acciones y tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el Estado de Derecho en nuestro país.
