Salió la segunda imputación penal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por hechos de corrupción. Esta vez alcanza a los proveedores que son parte de un esquema de negociados que está siendo usado por el intendente y sus secuaces. Además del jefe comunal el concejal rastrero, Sebastián Martínez, Francisco Arrua, ex candidato a senador, y actual secretario general de la Intendencia, y la ex pareja de Prieto, y actual funcionaria planillera, Emili Vanessa Florentín Páez, suman su segunda imputación. Van demostrándose como se roba en la comuna esteña.
Silvio Corbeta (fiscal) Miguel Prieto (intendente CDE)
El equipo de trabajo encabezado por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación en contra de Miguel Prieto (intendente de Ciudad del Este) y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (director de administración y finanzas de la comuna), actual secretario general de la Intendencia, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio (ambos en calidad de autores) y asociación criminal.
Otras 11 personas también fueron imputadas por lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y asociación criminal. Estas personas son sindicadas de formar parte de un esquema encabezado por Prieto, que desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño.
Las demás personas procesadas son: Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado), Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A., quien es la ex pareja sentimental del intendente Prieto, y actual funcionaria municipal, planillera; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi, Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación, Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad, Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal, Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Miguel Prieto y Sebastián Martínez
Los intervinientes requirieron al Juzgado Penal de Garantías, las siguientes medidas cautelares: fianza personal o caución real, la inhibición general de enajenar y gravar bienes, trabar embargo preventivo de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero etc.
Conforme al antecedente de la causa, Miguel Prieto, ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales.
Miguel Prieto y Emili Vanessa Florentín Páez
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al intendente. El perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Para agregar hay que indicar que el intendente Prieto, el actual concejal rastrero, Sebastián Martínez y la ex pareja sentimental y ahora funcionaria municipal Emili Vanesa Florentín, y el actual secretario general de la Intendencia, es director Financiero, Fran Arrua, es la segunda imputación, pues los tres ya están procesados por el caso de la compra de alimentos por 500 mil dólares de la despensa barrial «Tia Chela».
