Cuando el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esto es lo que quiere hacer el diputado fascista, Guillermo Rodríguez, del Clan Prieto. El legislador improductivo quiere que las FF.AA. intervengan en Ciudad del Este y todo el Alto Paraná, con el argumento de dar seguridad. Pero los pobladores, especialmente los más antiguos saben que esto no funciona y si se exponen a los ciudadanos a los abusos por parte de los militares. El pedido es populismo y la intención de tener visibilidad en la prensa ante una paupérrima gestión.
Los ciudadanos más antiguos saben lo que pasa cuando los militares salen en la calle para dar seguridad. Abusos y atropello a los derechos civiles. Y no nada de seguridad. La militarización no es la salida para la inseguridad.
La propia Policía admite que no tiene persona e infraestructura suficiente. Lo que necesita es más recursos. Pero el dinero público en lugar se ser gastado en estas cosas, son derrochados en el pago de asesores parlamentarios, como lo tiene el fascista Rodríguez. Tiene como asesor planillero al hermano de la concejal rastrera, Alisón Anisimoff.
No hay duda que la insistencia del diputado del Clan Prieto, es un pedido populista con el cual busca tener visibilidad y ganar un poco de respaldo de los ciudadanos ante su pobre gestión en la Cámara de Diputados.
Sobre el pedido del mencionado parlamentario el perfil 24/7 Ciudad del Este, en Facebook, publico lo siguiente:
El proyectista, diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo), indicó que la inseguridad es la extensión grosera y generalizada de la criminalidad, que pone en peligro todo el orden público y privado en el Alto Paraná, en particular; y en Paraguay, en general. Consiguió que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a intervenir militarmente el Departamento del Alto Paraná, para hacer frente a la ola de delincuencia que azota la zona desde hace algunas semanas.
Se trata del proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a ampliar las funciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta al Departamento del Alto Paraná, y en particular en un radio de acción de 100 km, desde el Puente de la Amistad dentro del territorio nacional, por un plazo de seis meses”. Al argumentar su pedido, el diputado indicó que la inseguridad es la extensión grosera y generalizada de la criminalidad, que pone en peligro todo el orden público y privado en el Alto Paraná, en particular; y en Paraguay, en general. “Nos hallamos inmersos en la inseguridad pública; creo que la Fuerza de Tarea Conjunta podría constituirse en una respuesta inmediata para la situación que aqueja a nuestro departamento y a la zona que fuera la tercera potencia comercial del mundo en sus mejores temporadas”, refirió.
Agregó que se necesita un sistema de políticas, procedimientos y acciones a ser desarrollados exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna. “En este sentido, el estamento militar podría ser de muchísima ayuda por su capacidad logística, talentos humanos, experiencia y funcionalidad para coadyuvar en la tarea de seguridad interna”, remarcó. El documento aprobado establece que la ampliación territorial de las funciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta deberá abarcar las zonas urbanas y suburbanas de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú. Es importante mencionar que, a instancias de este mismo legislador, la Cámara de Diputados ya había aprobado otro pedido de declaración en el mismo sentido que el actual. En ese entonces, fue aprobado el proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo a declarar en estado de emergencia en seguridad pública y ciudadana al Departamento de Alto Paraná”.
La aplicación del pedido de militarizar la zona ahora depende del presidente de la República, Santiago Peña, quien la semana pasada aseguró que lo haría si fuese necesario. Por ahora, se garantiza que los 220 oficiales, patrulleras y un helicóptero continuarán por tiempo indefinido en la zona este del país. Asimismo, se aguarda la promesa del intendente Miguel Prieto, quien aseguró que la comuna invertirá unos 2.000 millones de guaraníes para adquirir cámaras de seguridad con sistema de reconocimiento facial y un software que puede administrar las imágenes de hasta 20 mil cámaras de seguridad. Mientras tanto, los empresarios habían anunciado una inversión de 130 mil dólares americanos, unos 955 millones de guaraníes al cambio actual, para la adquisición de cámaras de seguridad de última generación con un software de reconocimiento facial y de placas de vehículos. Todos estos equipamientos tecnológicos de última generación, según la promesa, estarán interconectados con el Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional.
